Por José Reinaldo Carvalho
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos marca una radicalización significativa de la política de Washington hacia América Latina y el Caribe. El texto declara explícitamente una reconfiguración estratégica que coloca al hemisferio occidental en el centro de las prioridades de poder de Estados Unidos. Bajo la retórica de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la contención de la migración y la defensa de los “valores democráticos”, reaparece una nueva concepción: que América Latina constituye una zona natural de dominación para Estados Unidos, subordinada a sus intereses económicos, políticos, militares y geopolíticos.
El significado más profundo de esta estrategia reside en la actualización de la Doctrina Monroe. Lo que en el siglo XIX parecía una barrera a la intervención europea en América, se ha convertido históricamente en el fundamento de sucesivas intervenciones estadounidenses en el continente. Ahora, bajo la formulación de un “corolario Trump”, la doctrina adquiere un lenguaje contemporáneo, pero conserva su contenido esencial: Washington tiene derecho a definir los límites de la soberanía regional, establecer qué países pueden gobernar, qué alianzas son aceptables, qué proyectos económicos deben prevalecer y qué países serán clasificados como amenazas.
Este cambio surge en un contexto de declive relativo de la hegemonía estadounidense en el sistema internacional, el ascenso de China como potencia económica y tecnológica, la resistencia de Rusia al orden unipolar y el surgimiento de un mundo multipolar. Para Estados Unidos, recuperar el control político de su región hemisférica representa un paso rápido hacia la recomposición del poder global. En este escenario, Latinoamérica pasa de ser simplemente un área de influencia histórica a convertirse en una plataforma estratégica para la competencia global contra rivales poderosos.
La estrategia indica que el hemisferio debe permanecer estable según los criterios de Washington, libre de la presencia de potencias externas consideradas hostiles y alineada con las prioridades estadounidenses en materia de seguridad, comercio, energía, cadenas de suministro y migración. En la práctica, este hito transforma la soberanía latinoamericana en una variable subordinada a la seguridad de Estados Unidos. Cualquier acercamiento a China, Rusia u otros centros de poder podría interpretarse como una amenaza. Cualquier gobierno que busque autonomía en política exterior, control nacional de recursos estratégicos o integración regional independiente puede considerarse un problema de seguridad.
Es aquí donde la retórica del “narcoterrorismo” cobra relevancia. Al agrupar el crimen organizado, el terrorismo, la migración y las disputas geopolíticas en una sola categoría, Washington crea una justificación flexible para expandir su presencia militar, imponer sanciones, encarcelar gobiernos y legitimar acciones unilaterales. La Operación Lanza del Sur, anunciada como una iniciativa para combatir las redes criminales en el hemisferio occidental, debe entenderse dentro de este marco más amplio. El problema radica en no reconocer la gravedad del narcotráfico, que afecta drásticamente a las sociedades latinoamericanas. El problema radica en transformar este fenómeno en un pretexto para reemplazar la cooperación soberana con la tutela militar externa.
El Comando Sur de Estados Unidos, que opera en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, está adquiriendo cada vez mayor relevancia. El despliegue de buques de guerra, aeronaves, sistemas no tripulados y fuerzas de apoyo en la región revela que la presión constante. La presencia de grandes buques de guerra, incluidos portaaviones, en las zonas que rodean Venezuela y el Caribe constituye un mensaje directo a los gobiernos considerados adversarios y una advertencia indirecta a toda la región.
Venezuela se presenta como el caso más grave y revelador. La agresión militar del siglo III, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Cilia Flores, debe analizarse como la expresión más extrema, hasta su cierre, de la nueva fase intervencionista. No se trata simplemente de una operación contra un gobierno específico, sino de un precedente de enorme gravedad para todo el continente. Cuando una potencia extranjera se arroga el derecho a atacar el territorio de un país soberano y capturar a su jefe de Estado, se quebranta todo respeto por ese derecho internacional. El principio de no intervención se sustituye por la fuerza bruta. El mensaje transmitido a otros gobiernos es inequívoco: la divergencia política con Washington podría considerarse una amenaza militar.
Este episodio también demuestra la fragilidad de las instituciones multilaterales ante el creciente unilateralismo. La Organización de los Estados Americanos, históricamente subordinada a los dictados de Estados Unidos, parece incapaz de funcionar como un espacio efectivo para la protección de la soberanía regional. La ONU, a su vez, enfrenta limitaciones impuestas por el peso de Estados Unidos en el sistema internacional. La consecuencia es la normalización de un orden en el que la legalidad internacional se aplica selectivamente, mientras que la capacidad coercitiva define el alcance real de los derechos de los Estados.
Colombia y México también se han convertido en escenarios de retórica intervencionista. En el caso colombiano, las tensiones con el gobierno de Gustavo Petro y el manifiesto apoyo de sectores estadounidenses a candidatos de derecha y ultraderecha muestran una intención de influir en el curso del proceso político. Las acusaciones de complicidad con el crimen organizado, sumadas a las sanciones, la cancelación de certificaciones y la presión diplomática, crean un clima de constante malestar. En México, la retórica sobre tarjetas de crédito y seguridad fronteriza abre la puerta a amenazas de operaciones extraterritoriales, erosionando la soberanía de un país cuya política interna se ve permanentemente afectada por su relación asimétrica con Washington.
La injerencia electoral se ha convertido en parte integral de esta estrategia. En Honduras, la declaración pública de apoyo a un candidato de derecha y la amenaza de recortar la ayuda si el resultado no se ajustaba a las preferencias de Washington constituyeron una presión directa sobre la voluntad popular. Incluso cuando no hay tropas desplegadas formalmente, las amenazas económicas y diplomáticas funcionan como un instrumento de coerción. El electorado comienza a votar bajo el peso de una advertencia externa: elegir cierto camino podría acarrear consecuencias negativas.
Dossier de Blog América: Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU.
En Argentina, la ayuda financiera al gobierno de Javier Milei, combinada con el apoyo político explícito de Donald Trump, reveló otro mecanismo de intervención: el apoyo económico de aliados ideológicos en momentos electorales cruciales. Este apoyo respalda una agenda ultraliberal, marcada por profundos recortes, privatizaciones, desregulación y ajuste social, presentándose como una alianza estratégica. Sin embargo, su efecto concreto fue fortalecer un proyecto político alineado con los intereses de Washington y los sectores financieros internacionales, en detrimento de la soberanía económica de Argentina.
En Colombia, el acercamiento entre la Casa Blanca y sectores de la ultraderecha se produjo en medio del deterioro de las relaciones bilaterales y las acusaciones contra el gobierno de Petro. El riesgo radica en que la elección presidencial se ve viciada por una lógica de alineación automática: los candidatos vinculados a la agenda estadounidense serán presentados como responsables y confiables, mientras que las fuerzas progresistas, nacional-populares o soberanistas serán vistas como una amenaza para la seguridad regional. Este tipo de injerencia no necesita recurrir al fraude clásico para producir efectos profundos; basta con modificar las condiciones políticas, mediáticas y diplomáticas del conflicto.
En Perú, la inestabilidad institucional, la sucesión presidencial, el debilitamiento de la representación popular y el auge de alternativas conservadoras y autoritarias crean un terreno fértil para la influencia extranjera. La crisis peruana refleja una peligrosa combinación de deslegitimación democrática, fragmentación de partidos y captura institucional por intereses conservadores. En este escenario, la estrategia de Estados Unidos tiende a favorecer las fortalezas capaces de garantizar la alineación geopolítica, la apertura económica y la contención de los movimientos sociales. La democracia solo se define cuando confirma los resultados esperados por el centro imperial.
Esta es una de las principales contradicciones de la nueva estrategia. En nombre de la democracia, Washington profundiza las prácticas que la restringen. El apoyo a leyes extremas, la legitimación de líderes autoritarios, la presión sobre los sistemas judiciales, la manipulación de sanciones y la injerencia en las elecciones revelan una concepción instrumental: la democracia es el nombre que se da a los regímenes alineados con Estados Unidos; la amenaza autoritaria es la etiqueta reservada para aquellos gobiernos que se resisten a la subordinación. El criterio no es la participación popular voluntaria, sino la adhesión al proyecto geopolítico estadounidense.
El auge de la ultraderecha latinoamericana debe entenderse en este contexto. No es simplemente un fenómeno interno, aunque tenga profundas raíces nacionales.
Es también un mecanismo continental. Partidos, líderes, fundaciones, redes digitales, centros de pensamiento, grupos religiosos, empresarios y operadores de medios de comunicación están construyendo una red internacional reaccionaria que comparte métodos y objetivos: criminalizar a la izquierda, destruir los derechos sociales, atacar las instituciones democráticas cuando no les conviene y alinear a los países de la región con la agenda estratégica de Estados Unidos.
En Brasil, esta ofensiva adquiere características específicas. Las multas impuestas por Trump a los productos brasileños, las sanciones basadas en la Ley Magnitsky contra un miembro del Tribunal Supremo Federal, la presión política en torno al tribunal de Jair Bolsonaro y la designación del PCC y el Comando Rojo como organizaciones terroristas globales dibujan un panorama preocupante. Cada medida, aisladamente, es presentada por Washington como una respuesta comercial, una defensa de los derechos humanos o una lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en conjunto, revelan una estructura de presión sobre el Estado brasileño.
El aumento de las multas no fue simplemente una decisión económica. Al afectar las exportaciones brasileñas en medio de tensiones políticas, funcionó como un instrumento de intimidación. La Ley Magnitsky, aplicada a un juez de la Corte Suprema, representó un intento de proyectar la jurisdicción política de Estados Unidos sobre el funcionamiento de las instituciones brasileñas. El mensaje era grave: las decisiones judiciales tomadas en Brasil, según la Constitución brasileña, podrían ser castigadas por una potencia extranjera si contradecían los intereses de Washington o sus aliados.
La designación de organizaciones criminales brasileñas como terroristas globales también exige atención. Combatir al Primer Comando de la Capital y al Comando Rojo es una tarea urgente para el Estado brasileño. Estas organizaciones generan violencia, corrompen instituciones, dominan territorios y expanden redes transnacionales. Sin embargo, clasificarlas según el aparato antiterrorista estadounidense conlleva riesgos adicionales. Esta clasificación podría justificar sanciones extraterritoriales, presión sobre los bancos, cooperación asimétrica en materia de inteligencia y, en última instancia, discursos favorables a acciones externas bajo el pretexto de la seguridad. Brasil necesita combatir el crimen organizado con firmeza, pero sin permitir que el problema se convierta en una puerta de entrada al crimen.
El riesgo de injerencia, incluso indirecta, en el proceso electoral brasileño de 2026 es real. No necesariamente se realizará mediante una intervención abierta. Esto podría ocurrir mediante presiones económicas, campañas digitales, apoyo político a sectores de la oposición, instrumentalización de las sanciones, manipulación de la seguridad pública e intentos de vincular al gobierno brasileño con la complicidad en el crimen. El objetivo sería crear un entorno político favorable a la extrema derecha y hostil a cualquier proyecto de soberanía nacional, integración regional y política exterior independiente.
Cuba ocupa un lugar especial en la ofensiva del imperialismo estadounidense. El país ha enfrentado décadas de bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos, pero esta nueva fase eleva la coerción a un nivel aún más grave. El bloqueo energético, sumado a las sanciones tradicionales, busca estrangular la economía cubana en su punto más vulnerable: la capacidad de garantizar electricidad, transporte, abastecimiento y el funcionamiento básico de la vida cotidiana. La presión sobre el combustible, las transacciones financieras y los socios externos recae sobre la población, amplificando los apagones, la escasez, las dificultades sanitarias, la migración y el sufrimiento social.
Las amenazas explícitas de agresión militar y de derrocamiento del gobierno cubano empeoran aún más esta situación. El discurso sobre el “cambio de régimen”, resumido en sanciones de máxima presión y movimientos militares en el Caribe, deja de ser mera retórica. Genera inestabilidad, alienta a sectores internos y externos a apostar por el colapso y aumenta el riesgo de incidentes que podrían servir de pretexto para una escalada. La experiencia histórica demuestra que las políticas de confinamiento producen dificultades, inestabilidad y tensión.
La ofensiva contra Cuba tiene otro significado.
Al atacar La Habana, Washington busca asestar un golpe a un símbolo de resistencia a la hegemonía estadounidense en el continente. Desde 1959, Cuba ha representado el mayor desafío para Estados Unidos: un pequeño país caribeño que ha sobrevivido a invasiones, sabotajes, aislamiento diplomático, sanciones y campañas de desestabilización permanentes. Derrocar al gobierno cubano tendría un valor simbólico continental para la extrema derecha en Estados Unidos y América Latina. Se presentaría como una demostración de que ningún proyecto socialista, soberano o antiimperialista podría sobrevivir en el hemisferio.
Las repercusiones diplomáticas interamericanas son evidentes. La región experimenta una creciente polarización. Los gobiernos alineados con Washington deben apoyar o guardar silencio para evitar la cárcel. Los gobiernos progresistas o soberanos buscan denunciar la injerencia, pero enfrentan costos económicos y diplomáticos. Los países intermedios, dependientes del comercio, el crédito, las remesas y la cooperación en materia de seguridad, calculan cuidadosamente cada paso para evitar represalias. El resultado es el debilitamiento de los mecanismos regionales autónomos y la dificultad para construir respuestas colectivas.
La integración latinoamericana, que podría servir como escudo político, permanece fragmentada. La CELAC, la UNASUR, el ALBA, el Mercosur y otras áreas enfrentan limitaciones derivadas de cambios gubernamentales, divergencias ideológicas y presiones externas. Esta fragmentación beneficia a Estados Unidos. Una América Latina dividida es más vulnerable a acuerdos bilaterales asimétricos, chantaje comercial, sanciones selectivas y operaciones políticas país por país. La vieja lógica imperial sigue vigente: impedir que la región se exprese con voz propia.
En el ámbito económico, la estrategia estadounidense tiende a reforzar la dependencia, con mayor énfasis en el sector primario y el ajuste social. El control de las cadenas de suministro críticas, la energía, los minerales estratégicos, la infraestructura digital, las rutas marítimas y los sistemas financieros constituye el núcleo de la disputa. Latinoamérica posee litio, petróleo, gas, agua, biodiversidad, alimentos y una posición geográfica decisiva. Para Washington, permitir que estos recursos se vinculen a proyectos nacionales autónomos o a alianzas con China y Rusia significa perder terreno estratégico. A esto se suma la presión para limitar las inversiones chinas, condicionar el financiamiento, controlar la infraestructura y subordinar las políticas industriales.
Las consecuencias sociales pueden ser regresivas. La agenda económica asociada a la ultrapotencia continental combina austeridad, destrucción de los derechos laborales, privatizaciones, debilitamiento del Estado, recortes en las políticas públicas y apertura sin restricciones al capital extranjero. En Argentina, la experiencia del choque ultraliberal demostró cómo el discurso de la “eficiencia” puede traducirse en una disminución de los ingresos, un aumento de la pobreza, empleo precario y conflicto social. Cuando este modelo se promueve con apoyo externo, la socialdemocracia se sacrifica en nombre de la confianza del mercado y la disciplina geopolítica.
La nueva estrategia también busca redefinir el papel de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad en la región. Al considerar el crimen organizado y la política exterior como parte de una misma guerra hemisférica, Washington promueve doctrinas de seguridad nacional que históricamente han servido para reprimir movimientos populares, criminalizar la oposición y justificar estados de excepción. La memoria latinoamericana está marcada por golpes de Estado, dictaduras, escuelas de contrainsurgencia y cooperación militar dirigida contra enemigos internos. La actualización de la Doctrina Monroe amenaza con reactivar estos mecanismos bajo un nuevo lenguaje.
La retórica antiterrorista es particularmente peligrosa porque amplía el alcance del enemigo. Hoy, el objetivo declarado son las redes criminales y los grupos delictivos. Mañana, podrían ser movimientos sociales, partidos de izquierda, gobiernos soberanos, sindicatos, organizaciones campesinas o líderes populares acusados de vínculos indirectos, simpatías ideológicas o tolerancia del desorden. La elasticidad del concepto permite su politización. Cuando todo puede ser etiquetado como terrorismo, cualquier adversario puede ser tratado como un objetivo de guerra.
La rivalidad con China y Rusia impregna todo este proceso. La nueva estrategia busca impedir que las potencias extra hemisféricas expandan su presencia económica, tecnológica, militar o diplomática en América Latina. China se ha convertido en un socio comercial clave para varios países de la región, financiador de infraestructura y comprador de materias primas. Rusia mantiene relaciones políticas, militares y energéticas con países anti hegemónicos. Para Washington, contener estas relaciones es una condición para reconstruir su capacidad de liderazgo global. El hemisferio se convierte así en una retaguardia estratégica para las principales disputas.
Esta lógica sugiere que la ofensiva en América Latina podría ser un paso preparatorio. Antes de intensificar las confrontaciones en otros frentes, Estados Unidos busca asegurar su esfera de influencia inmediata. Controlar el continente implica garantizar recursos, bases, votos en organizaciones internacionales, cadenas logísticas y alianzas diplomáticas. La disputa global no se limita al Indo-Pacífico ni a Europa del Este; también se extiende a la Amazonía, el Caribe, los Andes, el Atlántico Sur, los puertos, los cables submarinos y las reservas minerales y sistemas electorales latinoamericanos.
En este contexto, las fuerzas democráticas, populares y antiimperialistas se enfrentan a un desafío histórico. No basta con denunciar la agresión estadounidense de forma abstracta. Es necesario construir capacidad política, institucional, comunicacional y diplomática para defender la soberanía. Esto incluye fortalecer la integración regional, diversificar las alianzas internacionales, proteger los procesos electorales, regular las plataformas digitales, combatir el crimen organizado con sus propios servicios de inteligencia, reducir la dependencia financiera y afirmar una política exterior basada en la autodeterminación de las comunidades.
La respuesta también debe ser social. La extrema derecha avanza cuando las sociedades experimentan inseguridad, miedo, desempleo, pérdida de derechos y desconfianza en las instituciones. Si los proyectos progresistas no ofrecen soluciones concretas para la seguridad pública, los ingresos, la vivienda, el trabajo, la energía, el transporte y los servicios públicos, se abrirá el camino a aventuras autoritarias con apoyo externo. Por lo tanto, la lucha antiimperialista no puede separarse de la lucha por el desarrollo, la socialdemocracia y la mejora efectiva de la vida de las personas.
Brasil tiene una responsabilidad especial. Como el país más grande de Latinoamérica, potencia ambiental, energética, agrícola y diplomática, Brasil es un actor central en la disputa continental. Una política exterior independiente, guiada por la paz, la integración regional y la multipolaridad, se opone a los intereses de quienes desean una región fragmentada y subordinada. Por lo tanto, Brasil estará bajo presión. Defender la soberanía brasileña no es solo tarea del gobierno, sino también de las instituciones, los partidos políticos, los movimientos sociales, la prensa democrática y la sociedad civil.
Lo que está en juego es definir el lugar de Latinoamérica en el siglo XXI. ¿Será la región tratada como un patio trasero estratégico de una potencia que busca la recomposición hegemónica, o afirmará su derecho a existir como sujeto político autónomo en un orden multipolar? ¿Aceptará elecciones condicionadas por amenazas externas, o defenderá la soberanía popular? ¿Destinará sus recursos y economías a políticas imperiales, o buscará el desarrollo con justicia social?
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos debe interpretarse como una advertencia. Si bien no inaugura el imperialismo estadounidense en América Latina, reorganiza sus instrumentos para una fase más agresiva, militarizada e ideológicamente alineada con la extrema derecha. La actualización de la Doctrina Monroe busca transformar el hemisferio en una base para el resurgimiento de la hegemonía global estadounidense. El precio para los pueblos latinoamericanos podría ser la desestabilización política, la restricción democrática, la regresión social, la subyugación económica y el retorno abierto de la intervención militar.
* Periodista, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Brasil y presidente de CEBRAPAZ (Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz)
