Por Lara Loaiza
23 de junio de 2026
NACLA (EE.UU.)
Con la victoria de De la Espriella, Colombia parece encaminarse a unirse a la tendencia de la mano dura, representada por países como El Salvador y Ecuador. Sin embargo, el resultado demuestra que la visión de la izquierda colombiana sobre la sociedad dista mucho de ser minoritaria.
El 21 de junio, los colombianos parecieron elegir al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La contienda fue muy reñida, con el senador de izquierda Iván Cepeda un punto porcentual por detrás en el conteo preliminar. Si bien es probable que el conteo oficial reduzca la diferencia entre los dos candidatos, es improbable que altere el resultado.
Con más de 25 millones de votos emitidos, la segunda vuelta registró la mayor participación electoral en la historia de Colombia. Los resultados, sin embargo, revelan un país profundamente dividido. De la Espriella ganó por un margen mínimo de aproximadamente 250.000 votos. Según los resultados oficiales, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, mientras que Cepeda recibió 12,7 millones. De mantenerse este margen, sería la victoria presidencial más ajustada en la historia de Colombia.
Cepeda obtuvo mejores resultados en las regiones que siguen sufriendo las consecuencias de la violencia armada. Ganó en los departamentos del Pacífico de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, y tuvo un buen desempeño en la costa caribeña y en el sur de Colombia. Por su parte, De la Espriella dominó el centro del país y bastiones históricamente conservadores como Antioquia. También redujo el apoyo a la izquierda en las principales ciudades y en la costa caribeña, donde Cepeda perdió el 2,6% del respaldo que Gustavo Petro había recibido en 2022.
Con resultados tan ajustados, es evidente que De la Espriella no tendrá fácil implementar su agenda. Aunque pareció moderar su retórica al dirigirse a sus seguidores el domingo por la noche, su trayectoria, su programa y sus declaraciones de campaña apuntan al regreso de un clima político más confrontativo que pondrá a prueba las instituciones democráticas de Colombia. Al mismo tiempo, la izquierda logró una participación histórica y ahora enfrenta el reto de forjar una oposición unificada al gobierno entrante.
La extrema derecha y la sombra del “narcoterrorismo”
Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años que recibió el respaldo de Donald Trump tras la primera vuelta de las elecciones, señala el regreso al gobierno conservador tras el mandato de Petro, el primer presidente de izquierda del país. Se une a las filas de otros líderes de extrema derecha en la región, habiendo modelado su campaña a partir de la de Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina. Su elección también amplía la creciente lista de victorias electorales de la derecha contra los gobernantes en ejercicio en América Latina, incluyendo las de José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia y Nasry Asfura en Honduras.
Con la victoria de De la Espriella, Colombia parece encaminarse a sumarse a la tendencia de mano dura representada por países como El Salvador y Ecuador.
De la Espriella adoptó rápidamente la retórica del “narcoterrorismo” promovida por la administración Trump como uno de los pilares centrales de su campaña. Afirmó que ordenaría a las Fuerzas Armadas “derribar cualquier avión cargado de drogas que salga de Colombia” y “hundir cualquier embarcación que salga del Caribe, el Pacífico y el Golfo de Urabá”. Sus declaraciones son un claro guiño a la estrategia estadounidense de realizar ataques aéreos ilegales contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado más de 200 muertos sin reducir el flujo de drogas. Su disposición a colaborar con la administración Trump incluye también su adhesión a la iniciativa Escudo de las Américas, lo que marca un marcado contraste con su predecesor, Petro, quien frecuentemente tuvo discrepancias con Trump sobre su enfoque en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Con la victoria de De la Espriella, Colombia parece encaminarse a sumarse a la tendencia de mano dura, representada por países como El Salvador y Ecuador, ambos objeto de críticas constantes por violaciones de derechos humanos. Si bien estas medidas, que incluyen la construcción de más cárceles y un mayor control de las Fuerzas Armadas sobre asuntos de seguridad interna, pueden generar beneficios políticos a corto plazo, no abordan las condiciones estructurales que originan la violencia y las economías criminales.
La paz se acabó, la militarización está en auge.
Las políticas de seguridad de línea dura de De la Espriella se basan en una larga tradición conservadora de estrategias contrainsurgentes respaldadas por Estados Unidos, cuyo objetivo es derrotar a los grupos guerrilleros y revertir elementos clave del Acuerdo de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo insurgente del país. Sus propuestas se basan en la instrumentalización de la lucha contra el crimen organizado para subordinar los problemas sociales y económicos a la “seguridad nacional”.
Mientras que la plataforma de campaña de de la Espriella no mencionó explícitamente el Acuerdo de Paz de 2016, atacó con frecuencia al tribunal de justicia transicional que surgió del mismo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También cuestionó los esfuerzos de reforma agraria promovidos por el gobierno de Petro, pero arraigados en el acuerdo, que buscaban redistribuir y devolver tierras a las comunidades campesinas afectadas por el acaparamiento de tierras y el desplazamiento durante el conflicto armado.
Se espera que De la Espriella también detenga las conversaciones de paz en curso con los grupos armados. Las negociaciones fueron una piedra angular de la estrategia de “Paz Total” de Petro, pero su administración no logró avances significativos, y la falta de coordinación entre sus políticas de paz y seguridad es en parte responsable del actual aumento de la violencia contra la población civil.
El enfoque militarizado de De la Espriella en materia de seguridad —que refleja las políticas del expresidente Álvaro Uribe— probablemente avivará aún más las tensiones. El temor a una nueva militarización está ligado al papel central que las Fuerzas Armadas, a menudo en colaboración con grupos paramilitares, han desempeñado en algunas de las peores violaciones de derechos humanos del conflicto armado colombiano. Las organizaciones paramilitares fueron responsables de la mayor parte de las masacres y muertes de civiles durante el apogeo del conflicto. Los vínculos de De la Espriella con estos grupos —fue abogado defensor de varios líderes paramilitares de alto perfil— han intensificado el temor a que este tipo de masacres, y el despojo de tierras asociado a ellas, se repitan.
Al mismo tiempo, el líder de derecha heredará una situación de seguridad muy diferente a la que Uribe heredó a principios de la década de 2000. En lugar de un conflicto dominado por cárteles de la droga, grupos paramilitares y grandes guerrillas, el panorama actual se caracteriza por un mosaico fragmentado de grupos armados y criminales que compiten por el control territorial. Estos actores buscan cada vez más establecer la gobernanza local mediante la imposición de normas y controles sociales en las comunidades, mientras que las economías criminales, como el narcotráfico y la minería ilegal, se han vuelto más complejas y descentralizadas. Sumado a la constante amenaza de intervención estadounidense, el momento actual difiere notablemente de la anterior “guerra contra las drogas” en Colombia.
Aun así, de la Espriella ha abogado por retomar estrategias ya conocidas. Ha propuesto un “Plan Colombia 2.0”, una repetición de la alianza de seguridad multimillonaria entre Estados Unidos y Colombia de principios de la década de 2000, que derivó en graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas y que, en última instancia, no logró reducir significativamente el narcotráfico ni la violencia.
Una derrota agridulce
A pesar de la aparente derrota en las elecciones presidenciales, los movimientos de izquierda colombianos lograron la mayor participación electoral de su historia. En 2022, Petro ganó las elecciones presidenciales con 11,2 millones de votos. Esta vez, Cepeda obtuvo 12,7 millones, más de un millón más que el total de Petro y el mejor resultado jamás obtenido por un candidato progresista en Colombia.
En un discurso ante la multitud reunida en Bogotá el domingo por la noche, Cepeda aseguró a sus votantes que había motivos para la esperanza. “Somos una fuerza decisiva, y quienes creen que se nos puede ignorar están equivocados”, afirmó Cepeda, haciendo un llamado a la calma mientras se esperan los resultados oficiales.
Si bien el Pacto Histórico y otros partidos de izquierda están bien posicionados en el Congreso para oponerse a algunas de las reformas más radicales de un gobierno de De la Espriella, tendrán que lidiar con una probable coalición de partidos políticos que apoyaron su campaña. Aun así, De la Espriella podría intentar limitar los poderes del Congreso si no logra reunir el apoyo suficiente; hay razones para temer que emule las estrategias autoritarias de otras figuras populistas de extrema derecha en la región. En una entrevista con el medio colombiano El Tiempo, afirmó tener al menos 90 decretos listos para firmar una vez que llegue a la Casa de Nariño —una estrategia utilizada por Trump para eludir al Congreso e implementar su agenda— lo que, según los expertos, podría exacerbar las tensiones con los poderes legislativo y judicial.
En todo caso, el resultado demuestra que la visión de la izquierda colombiana sobre la sociedad dista mucho de ser minoritaria.
Los analistas han señalado una combinación de factores en la aparente derrota de la izquierda, incluyendo la tibia comunicación de la campaña, el papel de Petro en el alejamiento de los votantes moderados y una falta generalizada de reconocimiento de la amenaza que representaba De la Espriella antes de la primera vuelta.
Aun así, Cepeda se quedó a unos 300.000 votos de la presidencia, desafiando una tendencia regional en la que varios proyectos de gobierno de izquierda —incluidos los de Bolivia, Honduras y Chile— fueron seguidos por victorias conservadoras decisivas. En definitiva, el resultado demuestra que la visión de la izquierda colombiana sobre la sociedad dista mucho de ser minoritaria. Su reto durante los próximos cuatro años será consolidar su posición y transformar los avances del gobierno saliente en una oposición coherente y eficaz.
Lara Loaiza Arias es una galardonada periodista colombiana y editora asociada de NACLA. Ha cubierto temas de delincuencia, conflicto y violencia en América Latina y el Caribe, y actualmente cursa una maestría en Estudios Latinoamericanos y Caribeños y Periodismo en la Universidad de Nueva York (NYU).
