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Seguridad imperial y política latinoamericana de Estados Unidos (Primera parte)

Por Jorge Hernández Martínez*

Desde la victoria electoral de Trump en la contienda presidencial de 2016, podría decirse que, con la atención sobre su figura, personalidad, desempeños factuales y retórica discursiva, se ha intensificado sobremanera el interés que de modo permanente recibe Estados Unidos, como objeto de las ciencias sociales, los análisis políticos y periodísticos. Ello no responde, ya se sabe, a mera curiosidad intelectual, aunque sea legítimo, sino a imperativos de sobrevivencia, identidad y soberanía nacional de muchos pueblos que han sufrido su injerencia, expansión y dominación. Sobre todo, los de Nuestra América, que comparten una vecindad conflictual, la de la inmediatez geográfica.

Porfirio Díaz lo caracterizó, para el caso específico de México, pero con una imagen extensiva para los países aledaños, como los comprendidos en el Gran Caribe, según la visión de Juan Bosch: los de Centroamérica, el Caribe insular y los situados como bisagras con América del Sur. La frase de Díaz es harto familiar: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

Las coyunturas de crisis, conflictos de diverso tipo, pero especialmente los militares, junto a los contextos electorales, motivan aún con más fuerza el interés aludido. Así, tanto el desenvolvimiento de la campaña presidencial de 2016 como el resultado de los comicios, fueron estímulo para la proliferación de trabajos de todo tipo, incluidas numerosas reflexiones que se extraviaron entre sorpresas, desconciertos, atendiendo a las extravagancia, excesos o excentricidades de Trump, a su lenguaje inadecuado y grosero, junto a la agresividad e intolerancia desbordada que exhibía: racismo, xenofobia, misoginia, machismo, homofobia, unilateralismo, apelación a la violencia, dentro y fuera de las fronteras.

En opinión de quien redacta estas líneas, uno de los llamados de atención más tempranos y oportunos en nuestro país los haría el colega y amigo Fernando García Bielsa, quién en más de uno de los encuentros frecuentes que sosteníamos en el medio académico para comprender lo acontecido (y también en alguno de sus breves escritos), precisaría que Trump no significaba el cambio de la sociedad norteamericana, sino que era su resultado y, a la vez, su expresión. Es decir, lo concebía como fruto de la crisis múltiple que vivía Estados Unidos, a diferencia de no pocos abordajes, que le consideraban cual rueda suelta del sistema, como si hubiese salido de la nada. Insistía en que se había sobredimensionado el peso de su figura, desviándose el foco de los factores relevantes en juego y de los entresijos en el seno del imperio. Tales criterios, con los cuales coincidíamos, contribuyeron a orientar las miradas que veían el proyecto, la opción, la tendencia encarnada por Trump en su primer mandato como algo anómalo o excepcional.

Al mirar ahora a su política latinoamericana, en su regreso a la Casa Blanca, su pretencioso rescate de la Doctrina Monroe, que en rigor nunca estuvo ausente en el tratamiento norteamericano de la región, quizás bastaría con recordar la etiqueta que Trump empleaba al referirse a los problemas que enfrentaba Estados Unidos en América Latina, para marcar que lo de hoy no es nuevo.

Entonces, hablaba de la “troika de las tiranías”, refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua, como principales amenazas hemisféricas a la “seguridad nacional” de Estados Unidos, lo cual resultaba familiar a los calificativos empleados, pongamos por caso, unos cuarenta años atrás, cuando con Reagan o luego, con Bush, se hablaba con términos de similar connotación, como los de los países que formaban parte del “Imperio del Mal” o eran “Estados Villanos”.

Es importante retener lo expuesto como punto de partida de determinadas premisas, que no deberían obviarse al examinar la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (ESN 2025), de lo cual ya Fernando se ocupó en un artículo publicado en el Blog el 26 de mayo. Según apuntaba, la misma

“articula una visión geopolítica donde la seguridad hemisférica se fusiona fuertemente con los intereses económicos”.

El documento supone un punto de inflexión en la proyección estratégica estadounidense, en la medida en que representa una ruptura explícita con el enfoque globalista, formalmente respetuoso con el orden internacional basado en reglas legales y en la diplomacia, que tuvo vigencia durante mucho tiempo. Sus páginas redefinen los intereses vitales estadounidenses y los instrumentos para garantizar su pretendida seguridad, reajustando el marco conceptual geopolítico y las prioridades regionales.

La ESN 2025 sostiene que las ediciones que le antecedieron fracasaron, toda vez que no eran más que ¨listas de deseos¨, basadas en planteamientos erróneos de partida, sin prioridades bien definidas. Afirma que su objetivo esencial se orienta a corregir esos errores, a fin de inaugurar una nueva “Edad de Oro¨ para Estados Unidos. Así, estima que las estrategias que aparecen antes, o sea, luego del fin de la Guerra Fría, desdibujaron las prioridades, expandieron artificialmente la noción de “interés nacional”, propiciando intervenciones militares costosas y de relativa o escasa utilidad. 

El documento es la décimo sexta edición de la estrategia que se emite, cobijada bajo la ley Goldwater-Nichols, que entraría en vigor en 1986, modificando la Ley de Seguridad Nacional de 1947, obligando al presidente a informar periódicamente al Congreso sobre los intereses nacionales, las amenazas prioritarias y los medios para afrontarlas. De modo general, la función real de tales documentos ha trascendido ese requisito formal. Las ESN han operado en ciertos cumpliendo una doble función: una interna, al coordinar las estructuras burocráticas involucradas en la seguridad nacional, altamente fragmentadas, y otra, externa, al proyectar hacia aliados y rivales y socios la visión estratégica de Estados Unidos sobre el orden internacional.

En la práctica, sin embargo, suele existir una brecha recurrente entre las estrategias formuladas y la política efectivamente llevada a cabo. Las ESN tratan de presentar una especie de coordinación de fines, medios y prioridades, pero la toma de decisiones real está sometida a dinámicas de crisis, condicionantes domésticos, restricciones presupuestarias y cambios imprevistos en el entorno internacional. En este sentido, las estrategias tienden a formular más aspiraciones o direcciones, que acciones operativas viables, ya que la política real sea mucho más contingente y contradictoria, que la proyectada.

 

Cuando surge, en 1986 -más allá de diagnosticar los retos que tenía ante sí el segundo gobierno de Ronald Reagan en materia de seguridad nacional y de proponer acciones en función de los objetivos perseguidos, por ejemplo, en el enfrentamiento a la crisis centroamericana y a los problemas de la deuda en América Latina-, se definió la guía o norma a seguir, para elaborar ese tipo de informe por parte del Ejecutivo, incluido de modo protagónico el rol del liderazgo presidencial.

La ESN 2025 fija como prioridad o principio rector, solo aquellos intereses considerados como vitales, o sea, los que deben guiar la proyección exterior, articulados en torno a la protección de la soberanía y fronteras; la defensa de la población y el territorio de la nación; la seguridad económica, energética e industrial; la preservación del modo de vida norteamericano y la identidad cultural. A ello suma lo imperioso de reconstruir la base industrial, energética y tecnológica, como soporte y complemento, para sostener la superioridad militar y de la economía. De momento, dejamos ahí el documento de referencia.

Las ideas que se exponen a continuación tienen puntos de contacto con las planteadas por García Bielsa en su mencionado artículo, titulado “Estrategia de Seguridad Nacional 2025: lo que dice y lo que oculta”, aunque consideramos que vendría bien colocar algunas premisas, introducir antecedentes y ampliar la contextualización del escrutinio, retomando interpretaciones que hemos argumentado en aproximaciones anteriores, probablemente desconocidas u olvidadas por los lectores, ya que han transcurrido cerca de diez años desde su publicación. De ahí la pertinencia de traer a colación algo de su esencia.

        Como señalara Raymond Aron en su clásica obra titulada La paz y la guerra en las relaciones internacionales, “toda unidad política aspira a sobrevivir”. He ahí la razón para la seguridad, en términos de la habilidad de cualquier Estado-nación para subsistir, de llegar a situarla como el principal objetivo de la estrategia nacional. Sin embargo, tanto a los funcionarios encargados de formular las políticas como a los intelectuales orgánicos, siempre les ha sido difícil (o muy fácil) definir la seguridad nacional. Desde 1952, el historiador y estudioso del entorno mundial, suizo-estadounidense, Arnold Wolfers, ya había señalado en un conocido ensayo publicado en el Political Science Quarterly, la naturaleza ambigua del término seguridad nacional, considerándolo más como un símbolo, que como un concepto de ciencias políticas. Para el caso de Estados Unidos, ese símbolo ambiguo se traduce en un concepto de tal elasticidad que resulta funcional para justificar o enmascarar, prácticamente, cualquier acto geopolítico, de control espacial (terrestre, marítimo, aéreo, sideral, cultural, cibernético, virtual), injerencia diplomática, presión gubernamental, sanción económica, invasión militar, descrédito mediático, golpe de Estado judicial o legislativo.

Como cualquier país, Estados Unidos posee una racionalidad y líneas de acción que satisfacen objetivos legítimos de su seguridad como nación, los cuales no encajan en el patrón antes mencionado. Y es que, en la medida en que constituye el epicentro del sistema de dominación imperialista mundial, usualmente lo que exhibe su historia es la conjugación o superposición de esos intereses y acciones, con aquellos que expresan la actuación expansionista, injerencista, neocolonial, a través de un esquema de manipulación que invoca con reiteración a lo largo del tiempo, su preocupación y ocupación por proteger, no solo de modo defensivo, sino ofensivo, lo que considera como su seguridad nacional. En realidad, de lo que se trata es de justificar su espacio de seguridad imperialista, su hegemonismo. De ahí que no se deba perder de vista esa precisión. Es la que lleva, a menudo, a entrecomillar el término, con el fin de resaltar que tales palabras no designan, en rigor, lo que pareciera.

La cuestión de la “seguridad nacional” es uno de esos temas que, de manera inevitable y recurrente, aparece en los estudios sobre Estados Unidos y las relaciones interamericanas -también las internacionales-, propiciando, casi siempre, más polémica o discusión que unanimidad. Su importancia -objetiva y subjetiva- justifica esa presencia, casi permanente, en los análisis, ya que conlleva tanto implicaciones prácticas para la soberanía nacional, independencia, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos de Nuestra América, como connotaciones teóricas para el pensamiento social. A la vez, el elevado coeficiente ideológico del tema, polariza o divide, obligadamente, las posiciones que se asumen en su tratamiento desde el terreno político e intelectual. Así, por partida doble, la “seguridad nacional” reclama atención y convierte en constante su presencia cuando se analiza la política latinoamericana de Estados Unidos.

        La “seguridad nacional” viene a ser, pues, como la otra cara de esa moneda que es la hegemonía norteamericana, aunque como regla, esta sea escamoteada la mayor parte de las veces en el lenguaje oficial y oficioso estadounidense, apelándose a la seguridad como motivación de las acciones imperialistas en Nuestra América. La política norteamericana, conjugando cinismo, eufemismo, hipocresía, fariseísmo y socarronería, afirma “defender”, en su ejercicio, la “seguridad nacional” en los países de América Latina, y hasta la suya propia, pero nunca reconoce su obsesión por el mantenimiento de su hegemonía. Lo que hace, según una frase popular, es dar gato por liebre. De ahí que no resulte ociosa o inútil la reflexión actual, considerando que la proyección exterior de Estados Unidos, dada su agresividad y militarización, constituye el principal peligro hoy para la paz y la seguridad internacional, y que la región latinoamericana, más allá de cualquier objeción o especulación, no es una excepción en el enfoque global de dicha proyección, ni escapa al patrón histórico que ha caracterizado a las relaciones interamericanas y a buena parte de su proyección exterior hacia otras latitudes, de la periferia subdesarrollada.

Así, la noción de “seguridad nacional” que emplea Estados Unidos como regla, en su lenguaje gubernamental, a través de pronunciamientos presidenciales o de los principales funcionarios involucrados en la formulación, toma de decisiones o implementación de la política exterior o de defensa, expresa la vocación imperialista: lo que se puede identificar como seguridad imperial. La noción se nutre de concepciones filosóficas asociadas al pragmatismo, al positivismo evolucionista, a las teorías del social darwinismo y del realismo político. El enfoque que sostiene la agresividad de la esencia humana, la centralidad del conflicto sobre la cooperación, la legitimidad del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la prioridad concedida a la protección y promoción de lo que se considera como interés nacional, asumida como un valor supremo, son elementos clave, que sustentan la doctrina de “seguridad nacional”.

Es decir, ahí radica la base que le confiere ilegitimidad a la manera en que, de manera más popular, difundida, extendida, se comprende, con alcance limitado, sesgado, distorsionado, la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Es la que se ha utilizado para, por ejemplo, diseñar la política contra los procesos, gobiernos y sujetos políticos revolucionarios, progresistas, emancipadores, que las Administraciones norteamericanas definen como hostiles, incompatibles con el sentido que le atribuyen a su modelo de democracia, a su identidad cultural y a sus conceptos de derechos humanos, entendidos como de valor universal.

 

Por eso, vale la pena reiterarlo, preferimos entrecomillarle, cuando se refiere a la óptica estadounidense, con la intención de denotar la desmedida flexibilidad y maquiavelismo con que la asumen los ideólogos, políticos y militares norteamericanos, al punto que lo aplican prácticamente a cualquier situación que afecte, en realidad, a la hegemonía de Estados Unidos o, cuya defensa pretenda ampararse mediante la apelación a la supuesta seguridad de esa nación. En realidad, los gobiernos norteamericanos no protegen ni esgrimen los “intereses” de la nación, ni la “seguridad nacional”, sino los intereses y la seguridad de las clases dominantes.

Cuando se echa una ojeada a los criterios presidenciales y de equipos de gobierno contenidos en la ESN 2025 y en algunas de las ediciones anteriores de ese documento, como las del siglo en curso, correspondan al Partido Republicano o al Demócrata -las de 2002, 2006, 2010, 2015, 2017 o 2022-, queda claro eso.

         En realidad, como sucede prácticamente en todos los ámbitos de la política latinoamericana de Estados Unidos, se advierte que los propósitos específicos que se pretenden alcanzar en cada período gubernamental se mueven dentro de un campo de contradicciones secundarias, que no alteran ni la esencia clasista ni los requerimientos estratégicos de la hegemonía de Estados Unidos, que no se nombran como tales en discursos ni documentos, si bien son los que se escudan o disfrazan, bajo la noción de “seguridad nacional”. No obstante, cada gobierno recibe la impronta del liderazgo presidencial de que se trate y refleja las concepciones, metas, tácticas, estilos, que de manera singular definen la composición de la rama ejecutiva y legislativa, hasta la judicial en ocasiones, en una determinada etapa. De aquí la importancia de tomar en cuenta, como hilo conductor, los antecedentes que permiten ubicar la lógica de continuidad y cambio en las relaciones interamericanas y fijar el derrotero de los intereses hegemónicos de Estados Unidos que –generalmente presentados como intereses de “seguridad nacional”, como se ha dicho–, guían la política imperialista de ese país hacia América Latina, que nunca es vista como sujeto de su propia seguridad, sino como objeto de la de Estados Unidos.

 

Continuará.

* Historiador, sociólogo, politólogo, escritor e investigador cubano. Doctor en Historia. Ex-director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre EEUU de la Universidad de La Habana (CEHSEU).

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