Por Gustavo NG / publicado originalmente en Tektónicos
Natalia Zuazo es politóloga, periodista y especialista en políticas digitales. Licenciada en Ciencia Política, con orientación en Relaciones Internacionales, por la Universidad de Buenos Aires, dirige el Programa de Tecnología, Política y Comunicación de FLACSO Argentina y es fundadora de Salto Agencia, una consultora especializada en política y tecnología. Su trabajo se concentra en las relaciones entre tecnología, democracia, economía y geopolítica, con especial atención al poder de las grandes corporaciones tecnológicas, la regulación de las plataformas, la gobernanza de la inteligencia artificial, la protección de los datos personales y los derechos digitales. Es autora de Guerras de internet. Un viaje al centro de la Red para entender cómo afecta tu vida (2015) y Los dueños de internet. Cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo (2018), investigaciones en las que analiza las infraestructuras, empresas e intereses que organizan el mundo digital y el proceso de concentración económica y política protagonizado por las grandes plataformas. Su obra parte de la premisa de que la tecnología no es neutral ni avanza al margen de las sociedades, sino que expresa decisiones políticas, intereses económicos y relaciones de poder. Desde esa perspectiva, propone preguntarse quién diseña y controla las tecnologías, cómo se distribuyen sus beneficios y costos, y qué capacidad conservan los Estados y las sociedades para establecer reglas.
Entrevistamos a Natalia Zuazo para analizar cómo las grandes empresas tecnológicas ya no son solamente actores económicos, sino que controlan infraestructuras, concentran datos, establecen reglas que afectan la vida de millones de personas y participan de manera creciente en las políticas de defensa, seguridad y migración de Estados Unidos.
— Internet nació asociada a ideales de descentralización, libertad e igualdad. ¿Cómo se transformó aquel proyecto en un sistema dominado por un pequeño grupo de corporaciones con un poder que, en algunos casos, parece comparable al de los Estados?
— Cuando nació internet, era un proyecto descentralizado, vinculado con la contracultura californiana y con los ideales libertarios de mediados del siglo XX. Durante la década de 1990, la metáfora de la “autopista de la información” expresaba la idea de que, si las personas nos conectábamos más entre nosotras, construiríamos un mundo mejor, incluso con menos guerras. Lo que ocurrió después fue un proceso de concentración de todas las capas del ecosistema digital. Se concentraron los proveedores de telecomunicaciones, las empresas de infraestructura y las plataformas. NVIDIA, por ejemplo, se convirtió en uno de los grandes proveedores mundiales de infraestructura tecnológica, y el crecimiento de la compañía convirtió a su fundador en uno de los hombres más ricos del planeta. Las plataformas digitales, por su parte, se desarrollaron sobre la base de la recopilación y la extracción masiva de datos. Ese modelo de negocios se consolidó a partir de la década de 2000: los usuarios aceptan términos y condiciones, entregan información y, a partir de esos datos, las compañías desarrollan nuevos productos y negocios. Actualmente, gran parte de la publicidad digital mundial está concentrada en Google y Meta. A eso se suma el denominado “efecto de red”: todos tendemos a utilizar una plataforma porque los demás ya están allí. Amazon ocupa esa posición en Estados Unidos; Alibaba, en China; y Mercado Libre, en la Argentina. Aunque los usuarios no estén de acuerdo con las condiciones que imponen esas compañías, permanecen porque allí se concentra la actividad. Esa posición les permite establecer unilateralmente sus reglas. Mercado Libre determina las comisiones que pagan quienes compran o venden. Las plataformas deciden qué contenidos permanecen visibles y cuáles son eliminados. De ese modo, las empresas asumieron funciones de autorregulación y comenzaron a ejercer atribuciones que tienen consecuencias económicas, sociales y políticas. Este proceso estuvo respaldado por una visión tecnooptimista que todavía conserva mucha influencia: la idea de que todos los problemas pueden resolverse mediante la tecnología, incluidos aquellos generados por la propia tecnología.
— Durante años se aceptó que esas empresas podían establecer sus propias reglas. ¿Qué hechos comenzaron a quebrar el consenso favorable a la autorregulación?
— Entre 2016 y 2017 se hicieron más visibles problemas que ya existían: el manejo de los datos personales, las vulneraciones a la privacidad, las interferencias en los sistemas de información y la utilización de datos para influir sobre las opiniones políticas, como ocurrió con Cambridge Analytica. Antes de eso, Julian Assange y Edward Snowden ya habían revelado cómo los gobiernos utilizaban las plataformas digitales, en colaboración con empresas privadas, para realizar tareas de vigilancia y espionaje. La socióloga estadounidense Shoshana Zuboff denominó a este modelo “capitalismo de la vigilancia”: los datos que constituían la materia prima de un modelo comercial también se transformaron en instrumentos de control. A partir de entonces comenzó a perder fuerza la idea de que las plataformas debían autorregularse. Los Estados empezaron a preguntarse qué podían hacer frente al enorme poder adquirido por estas compañías. Europa fue la región que tomó la iniciativa.
— Europa intentó construir un poder regulatorio frente a corporaciones que son, en su mayoría, estadounidenses. ¿Hasta dónde logró limitar su capacidad de acción?
— A partir de 2018, con la actualización del Reglamento General de Protección de Datos, Europa construyó un ecosistema regulatorio al que posteriormente se incorporaron otras normas. Esas regulaciones se aplican dentro del territorio europeo, pero también alcanzan a empresas estadounidenses que operan allí y protegen a los ciudadanos europeos. Ese modelo produjo lo que la académica Anu Bradford denominó el “efecto Bruselas”: la Unión Europea se convirtió en una referencia internacional sobre cómo regular las tecnologías. Al Reglamento General de Protección de Datos se sumaron la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial. De ese modo se fue conformando un sistema regulatorio relativamente consistente. Sin embargo, algunas disposiciones de la Ley de Inteligencia Artificial cuya aplicación estaba prevista para agosto de 2026 están siendo revisadas y se analiza la posibilidad de postergar su entrada en vigencia.
— Estados Unidos parece haber seguido el camino inverso: en lugar de limitar el poder de las grandes tecnológicas, el gobierno de Donald Trump profundizó su alianza con ellas. ¿Qué modelo se está consolidando?
— Anu Bradford define el modelo estadounidense como un sistema “liderado por el mercado”. Las regulaciones suelen desarrollarse de manera sectorial y las propias industrias tienen una fuerte participación en su elaboración. Durante el gobierno de Joe Biden se avanzó en una regulación de la inteligencia artificial, pero el gobierno de Donald Trump revirtió parte de ese proceso y fortaleció su alianza con las grandes compañías tecnológicas. Actualmente, frente a la falta de iniciativa del gobierno federal, varios estados están desarrollando sus propias regulaciones. En América Latina existe una gran dispersión. Hay avances, retrocesos y numerosos proyectos. Brasil fue el país que llegó más lejos, aunque el proceso generó muchos conflictos. Es importante comprender que no existe un único modelo regulatorio y que regular la inteligencia artificial no significa necesariamente aprobar una ley nacional. También existen regulaciones sectoriales y subnacionales. Los poderes judiciales, por ejemplo, pueden establecer normas para el uso de estas tecnologías. La provincia de Buenos Aires está realizando una consulta pública para regular la utilización de inteligencia artificial generativa en el Poder Judicial. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral estableció normas para los deepfakes y otros contenidos sintéticos durante las campañas electorales. Todo esto forma parte de un ecosistema de gobernanza de la inteligencia artificial y de internet que funciona en múltiples niveles. Europa es actualmente la región con mayor homogeneidad y consistencia regulatoria, aunque eso no significa que haya resuelto todos sus problemas.
La lucha dentro del imperio por dar forma al próximo orden mundial
— Las empresas tecnológicas suelen presentar cualquier regulación como un obstáculo para la innovación. ¿Se trata de una contradicción real o de un argumento destinado a preservar su capacidad de autorregulación?
— Es una discusión histórica de la economía y no se limita al ámbito digital. También se produjo en las industrias automotriz, aeroespacial y farmacéutica. Pero deberíamos preguntarnos qué ocurriría si la industria automotriz no estuviera regulada y los automóviles se fabricaran sin frenos o sin airbags. La industria aeronáutica es una de las más reguladas del mundo, al igual que la farmacéutica. Actualmente, la Argentina está desarrollando un experimento de desregulación extrema y busca presentarse ante el mundo como un país que no quiere regular. En ese esquema, se supone que el mercado establecerá sus propias reglas.
— El poder de las grandes tecnológicas no se explica solamente por su capacidad económica. Muchas de las tecnologías que explotan comercialmente surgieron de inversiones públicas y de programas militares. ¿Hasta qué punto esas compañías son hoy una prolongación del poder estratégico de Estados Unidos?
— Siempre existió una relación entre la innovación tecnológica y sus aplicaciones militares. Podemos remontarnos al Proyecto Manhattan o al propio origen de internet. Muchos de esos desarrollos fueron financiados en gran medida por el Estado, aunque también participaron empresas privadas. Internet, el GPS y las pantallas táctiles surgieron de desarrollos estatales. Sin embargo, muchos empresarios tecnológicos que se beneficiaron de esas innovaciones sostienen posteriormente que el Estado debería mantenerse alejado de la actividad económica. Actualmente existe una alianza muy estrecha entre el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Defensa y las grandes empresas tecnológicas. Pero no se limita al área de Defensa. Otros organismos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE—, tercerizan una parte importante de su funcionamiento en compañías tecnológicas. Esa tercerización también alcanza a los procesos de toma de decisiones. Una cosa es que el Estado desarrolle tecnología propia con la colaboración de empresas privadas y otra muy diferente es que dependa de sistemas creados y administrados por esas compañías para cumplir funciones esenciales. Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel y Alex Karp, desarrolló ImmigrationOS, un sistema destinado a gestionar lo que las autoridades estadounidenses denominan el “ciclo de vida” de los inmigrantes: desde su ingreso al país hasta una eventual deportación. Otras empresas también participan de estas actividades. Anthropic, por ejemplo, nació con el objetivo declarado de desarrollar una inteligencia artificial más segura y menos dañina, pero sus tecnologías terminaron vinculadas con operaciones estatales y militares. Las compañías tecnológicas también intervienen en conflictos armados en los que participan Estados Unidos y sus aliados. Israel utilizó sistemas de inteligencia artificial para identificar y seguir a presuntos integrantes de Hamas en Gaza. Palantir se incorporó rápidamente a Ucrania después del comienzo de la guerra y una parte importante de la infraestructura tecnológica utilizada por el gobierno de Volodímir Zelenski provino de esa empresa. También existe una creciente circulación de dirigentes entre las compañías tecnológicas, los fondos de capital de riesgo y el Departamento de Defensa. Ejecutivos e inversores vinculados con esas empresas pasan a ocupar cargos públicos. Se ha consolidado una puerta giratoria muy clara y relativamente reciente.
— ¿Es el Estado estadounidense el que utiliza a estas compañías o las corporaciones tecnológicas adquirieron suficiente poder como para orientar las políticas públicas, definir necesidades militares y garantizar sus propios mercados?
— Ocurren ambas cosas. El Departamento de Defensa y otras agencias estadounidenses utilizan esas tecnologías porque les resultan funcionales. Al mismo tiempo, las empresas dependen económicamente de esa relación. Aproximadamente la mitad de los contratos de Palantir corresponden al Estado. Pero la relación es todavía más profunda. En un contexto en el que Estados Unidos enfrenta una pérdida relativa de hegemonía y el mundo deja de ser unipolar, las grandes compañías tecnológicas se convierten en una herramienta para reafirmar su poder. Frente al crecimiento del Sur Global y de los BRICS, Estados Unidos utiliza su liderazgo tecnológico para sostener que continúa ocupando una posición dominante. La tecnología que desarrolla y utiliza es presentada como una demostración de que el país todavía posee capacidades estratégicas que puede emplear frente a sus adversarios.
— En ese escenario de disputa por la hegemonía tecnológica, has dicho que China parece seguir una estrategia más orientada al control de las cadenas de valor y a la construcción de relaciones de largo plazo. ¿Cuál es su proyecto?
— La estrategia china sigue un camino diferente, menos publicitado y quizás menos llamativo, pero más orientado al largo plazo. China busca convertirse en un proveedor de toda la cadena de valor tecnológica, especialmente de la inteligencia artificial, y está avanzando en ese objetivo. Mediante la Ruta de la Seda Digital y otros programas gubernamentales, procura financiar, desarrollar y suministrar infraestructura e insumos tecnológicos a los países del Sur Global. Esa estrategia está acompañada por una narrativa que promueve una mayor independencia respecto de Estados Unidos. No sé si utilizaría necesariamente el concepto de soberanía, pero sí existe una propuesta de diversificación: no todas las tecnologías utilizadas en el mundo deberían ser desarrolladas y controladas por empresas estadounidenses. En el escenario actual, la elección de los proveedores tecnológicos también contribuye a definir el posicionamiento internacional de un país.
— ¿La competencia entre China y Estados Unidos puede conducir a una fragmentación tecnológica del mundo, con infraestructuras, plataformas y sistemas de inteligencia artificial cada vez más separados?
— Ya existe una fragmentación entre las tecnologías utilizadas en Occidente y las que se emplean en China. Las empresas tecnológicas chinas también mantienen una relación estrecha con el Estado y participan en la provisión de servicios que pueden utilizarse para el control de la población. Pero las tecnologías occidentales también cumplen funciones de vigilancia y control. En ambos casos necesitamos regulaciones que mitiguen los posibles impactos negativos.
— Se suele presentar la utilización estatal de datos en China como una forma excepcional de control, mientras que la vigilancia ejercida por gobiernos y empresas occidentales aparece muchas veces naturalizada. ¿Son sistemas radicalmente diferentes o formas distintas de administrar un recurso estratégico semejante?
— Cuando Edward Snowden reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboraba con Facebook y Google para vigilar a ciudadanos estadounidenses y a dirigentes de otros países, mostró que una enorme cantidad de información personal estaba en manos de empresas privadas y que esos terceros podían conocer las actividades de las personas. En China existe otro modelo: el Estado sostiene que necesita esos datos para brindar mejores servicios a la población. La justificación es diferente, pero los datos también son utilizados. La cuestión central es cómo se controla ese uso y quién asume la responsabilidad cuando ocurre un problema. Por eso, el principio de responsabilidad es fundamental en todas las tecnologías que incorporan inteligencia artificial. Si se utilizan grandes volúmenes de datos y algoritmos para tomar decisiones, debemos saber quién responde cuando el sistema se equivoca. Otro principio esencial es la supervisión humana: quién es el human in the loop, la persona que controla cómo funciona el sistema y puede intervenir en sus decisiones. También debemos preguntarnos qué leyes existen en cada país para proteger a la ciudadanía. Las normas de protección de datos personales constituyen actualmente uno de los pilares fundamentales para garantizar los derechos humanos. La Argentina tiene una buena ley de protección de datos personales, pero fue sancionada en el año 2000. Estamos en 2026 y es evidente que necesita una actualización. Participamos en la elaboración de un proyecto para modernizarla que fue presentado en el Congreso, pero no avanzó. Antes de promover nuevas desregulaciones en inteligencia artificial, la actualización de esa ley debería ser una prioridad.
América Latina, bajo la tensión del vínculo entre Washington y Beijing
— Mientras Estados Unidos y China disputan posiciones de liderazgo tecnológico, la Argentina parece ofrecerse como territorio de experimentación. ¿Qué papel cumplen Peter Thiel y Federico Sturzenegger en ese proyecto?
— Peter Thiel aparentemente dejó la Argentina, pero no necesita permanecer físicamente en el país para desarrollar negocios. Federico Sturzenegger es uno de los principales ideólogos de este proyecto. Su objetivo es reducir la capacidad regulatoria del Estado y convertir a la Argentina en una especie de paraíso tecnológico: un enclave destinado a la experimentación. Una de las propuestas iniciales fue permitir la existencia de empresas administradas por agentes de inteligencia artificial. Posteriormente se habló de agentes o de programas informáticos, sin que quedaran claros los alcances de la iniciativa. En la búsqueda de inversiones y divisas, se propone que empresas extranjeras puedan obtener un CUIT en la Argentina para experimentar con inteligencia artificial, sin que esté claro si deberán radicar capitales o poseer cuentas bancarias en el país. La inteligencia artificial no es una tecnología distante de la vida cotidiana. Actualmente, muchos procesos de selección laboral utilizan sistemas automatizados para evaluar currículums. Los bancos emplean algoritmos para decidir si otorgan créditos. En distintos estudios médicos —ecografías, radiografías e incluso colonoscopías— ya existen sistemas que realizan una primera evaluación y derivan los casos problemáticos a profesionales humanos. Por eso resulta preocupante promover empresas en las que no esté claramente establecido quién asumirá la responsabilidad cuando se produzca un daño. Sabemos que las tecnologías cometen errores. Lo observamos de manera sencilla cuando utilizamos ChatGPT u otros modelos de lenguaje, pero también existen consecuencias mucho más graves. El sistema de reconocimiento facial utilizado por la Ciudad de Buenos Aires fue suspendido después de producir más de 150 falsos positivos. Algunas personas fueron detenidas y posteriormente se comprobó que eran inocentes. En la Unión Europea, los sistemas biométricos de monitoreo permanente son considerados de alto riesgo y están sometidos a controles estrictos. No estamos hablando de escenarios lejanos ni hipotéticos. Una inteligencia artificial sin supervisión humana y sin mecanismos claros de responsabilidad puede afectar concretamente la vida de las personas. Cuando se produzca un problema, debemos saber ante quién reclamar. El modelo que impulsa Sturzenegger no ofrece actualmente una respuesta clara a esa pregunta.
— ¿La alternativa es elegir entre innovación y regulación o existen mecanismos que permitan experimentar sin convertir a toda una sociedad en un laboratorio tecnológico?
— Existen regulaciones de inteligencia artificial que promueven la experimentación. Se conocen como regulatory sandboxes o “cajas de arena regulatorias”. Estos mecanismos permiten probar un sistema dentro de un entorno cerrado y controlado, evaluar sus posibles fallas y corregirlas antes de lanzarlo al mercado. Por eso es incorrecto afirmar que toda regulación destruye la innovación. Existen enfoques regulatorios que, por el contrario, la promueven. El diputado Martín Yeza presentó una propuesta de este tipo que podría resultar compatible con una perspectiva liberal, siempre que incluya determinados resguardos. Sin embargo, ese no parece ser el camino elegido actualmente.
— La instalación de centros de datos en la Patagonia es presentada como una oportunidad para insertar a la Argentina en la economía de la inteligencia artificial. ¿Puede convertirse, en cambio, en una nueva modalidad de extractivismo?
— La Argentina busca presentarse como un territorio atractivo para la instalación de centros de datos. La Patagonia ofrece bajas temperaturas y disponibilidad de agua, dos recursos importantes para esta infraestructura. Los centros de datos utilizan sistemas de refrigeración de manera intensiva porque sus equipos generan grandes cantidades de calor. Chile ya posee numerosos centros de datos y ha experimentado conflictos vinculados con su impacto ambiental. Algunos fueron instalados en zonas que previamente sufrían estrés hídrico. En esos casos, compiten por el agua con comunidades que ya enfrentaban problemas de abastecimiento. También pueden sobrecargar las redes eléctricas y provocar, en el mediano plazo, aumentos en las tarifas de las comunidades cercanas. Además, producen un ruido constante que puede afectar la vida cotidiana de quienes habitan en sus alrededores. La gestión de sus residuos y el consumo de agua tampoco están completamente regulados. Algunos centros reutilizan el agua, pero esa práctica todavía no es mayoritaria. Otro problema es que la Argentina invita a las grandes empresas tecnológicas a instalar centros de datos mediante regímenes como el RIGI. Se les ofrecen beneficios fiscales durante treinta años y condiciones impositivas más favorables que las que reciben muchas pequeñas y medianas empresas argentinas. Al mismo tiempo, no existen exigencias significativas para contratar trabajadores o adquirir insumos locales. Es un modelo de carácter fuertemente extractivo. La construcción inicial puede generar empleo en sectores como la albañilería, la electricidad y la metalurgia. Sin embargo, una vez terminada la obra, los centros de datos requieren muy poca mano de obra para funcionar. Ese es el intercambio que la Argentina está proponiendo actualmente.
— ¿La dirigencia política argentina comprende que la discusión tecnológica también es una discusión sobre soberanía, desigualdad y distribución de la riqueza?
— Trabajo con dirigentes políticos y funcionarios a través de Salto Agencia, mi consultora.
Aunque estas cuestiones deberían ocupar un lugar prioritario, muchas veces todavía son consideradas secundarias. Existe la idea de que la tecnología no tiene relación directa con problemas como la pobreza o la desigualdad, cuando en realidad está profundamente vinculada con ambos.
— El debate público suele concentrarse en la capacidad de las plataformas para producir desinformación e influir sobre las elecciones. ¿Ese es el principal efecto político de su poder o existen consecuencias económicas y sociales más profundas? — La incidencia de la desinformación electoral es compleja y depende de muchos factores. No necesariamente una persona cambia su voto porque observa un anuncio que contiene información falsa. El problema se volvió todavía más complejo porque muchas personas comenzaron a desconfiar de todo. Por eso, actualmente no considero que la manipulación directa del voto sea necesariamente el principal riesgo. Hay efectos mucho más concretos. Pensemos en un repartidor de Mercado Libre. Si recibe aproximadamente 1.500 pesos por cada paquete entregado, ¿cuántos paquetes debe repartir para obtener un ingreso que le permita sostenerse a sí mismo o mantener a su familia? La fijación monopólica de precios afecta directamente la vida de muchas personas. Mientras el consumidor puede pagar varios miles de pesos por un envío, una parte mucho menor llega al trabajador que realiza la entrega. La pregunta es quién se apropia de esa diferencia. Las grandes empresas tecnológicas sostienen que generan empleo, pero muchas están reduciendo sus planteles y reemplazando trabajadores por sistemas automatizados. En algunos casos, los propios empleados participaron en la programación y el entrenamiento de los agentes tecnológicos que posteriormente fueron utilizados para sustituirlos. Muchos sabían que podía ocurrir, pero necesitaban conservar sus trabajos. Por eso, el poder tecnológico no es una cuestión abstracta ni distante. Sus efectos son concretos: determinan condiciones laborales, distribuyen ingresos, concentran riqueza y afectan de manera directa la vida cotidiana de millones de personas.
