Especial para Blog América, en diálogo con el analista Fernando M. García Bielsa.
Daniel Jadue, arquitecto y sociólogo de ascendencia palestina, es una de las figuras más conocidas de la izquierda chilena y un destacado dirigente del Partido Comunista de Chile.
Fue alcalde de la comuna de Recoleta (en el área metropolitana) entre 2012 y 2024, período durante el cual impulsó diversas políticas municipales de carácter social que alcanzaron amplia repercusión nacional e internacional. Su gestión convirtió a Recoleta en un referente de experiencias de innovación municipal y fortaleció su liderazgo político dentro de la izquierda chilena.
Entre sus iniciativas más conocidas se encuentra la creación de las Farmacias Populares, un modelo destinado a facilitar el acceso a medicamentos a precios más bajos mediante la compra directa y mecanismos de distribución municipal. La experiencia tuvo un fuerte impacto político y social y fue posteriormente replicada por numerosos municipios a lo largo de Chile, abriendo un debate nacional sobre el precio de los medicamentos, el acceso a la salud y el funcionamiento del mercado farmacéutico.
La trayectoria de Jadue también ha estado marcada por una intensa disputa política y judicial. Actualmente se encuentra sujeto a arresto domiciliario parcial como medida cautelar en el marco de una investigación judicial relacionada con su gestión municipal. Sus partidarios han cuestionado el proceso y han denunciado lo que consideran una persecución política y judicial, mientras que las acusaciones son materia de investigación y resolución por parte de los tribunales competentes.
En 2021, Jadue fue precandidato presidencial del Partido Comunista de Chile en las elecciones primarias de Apruebo Dignidad. Su candidatura alcanzó una importante adhesión dentro de la izquierda y contribuyó a posicionarlo como una de las figuras centrales del debate político chileno de ese período.
Su trayectoria como arquitecto, sociólogo, dirigente político y alcalde lo ha situado en el centro de las discusiones sobre el papel del Estado, los derechos sociales, la gestión municipal y las transformaciones que enfrenta la izquierda chilena.
Saludos Daniel. Bienvenido a las páginas del Blog América. Nos satisface mucho que hayas accedido a concedernos esta entrevista que con toda seguridad será un aporte a los propósitos de estas páginas de contribuir a la reflexión y el debate acerca de los principales asuntos relativos a los países de nuestra región.
Dada tu trayectoria y vasta experiencia política, con toda seguridad este dialogo será enriquecedor, de gran interés y muy bien acogido por nuestros lectores, un ámbito amplio, en el cual sobresalen muchos activistas e integrantes de agrupaciones progresistas del continente.
Chile tiene un peso simbólico enorme en la región: fue el “laboratorio” del neoliberalismo extremo bajo la dictadura de Pinochet, ha sido epicentro de grandes revueltas sociales y de intentos fallidos para reformar su Constitución, etc. tiene particularidades, pero también desafíos comunes a los de otros países del hemisferio.
Comencemos.
Fernando Garcia Bielsa: ¿Cuánto de la experiencia chilena podría considerarse como un espejo y un aprendizaje para los desafíos de toda la región?
Daniel Jadue: Chile es un espejo incómodo para América Latina precisamente porque mostró, con absoluta claridad, lo que el neoliberalismo produce cuando se aplica sin restricciones durante cincuenta años, ya que fue un experimento social que destruyó deliberadamente los lazos comunitarios, mercantilizó todos los derechos y convirtió la deuda en el mecanismo principal de control de la población. El resultado es un país que tiene el PIB per cápita más alto de la región y donde el setenta por ciento de los jubilados recibe pensiones muy inferiores al salario mínimo. Esa contradicción es el modelo funcionando exactamente como fue diseñado, con un despojo permanente de los bienes comunes y con transferencias sistemáticas desde el mundo del trabajo hacia el capital.
El aprendizaje más importante que Chile ofrece a la región es que el neoliberalismo no se desmonta con buenas intenciones ni con reformas parciales que no tocan su arquitectura fundamental. La transición chilena de 1990 demostró que es posible administrar el modelo heredado con más humanidad que la dictadura sin transformar su lógica estructural, y que ese camino produce, treinta años después, un estallido social de la magnitud del de octubre de 2019 y el retorno de la ultra derecha al poder por la via electoral, debido principalmente al fracaso de los progresismos. La región debería aprender esa lección antes de repetir el experimento.
FGB: ¿Cuánto de frustración y cuánto de esperanza han dejado los intentos de desmantelar el sistema neoliberal y recuperar los recursos naturales del país?
D.J.: Más frustración que esperanza, si soy honesto. Y esa honestidad es la condición de cualquier análisis útil. Los gobiernos progresistas que Chile tuvo en las últimas décadas introdujeron correcciones importantes en los márgenes del modelo: ampliaron coberturas, redujeron la pobreza medida en ingresos, construyeron infraestructura. Pero ninguno tocó la arquitectura fundamental. Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) siguen operando y resultaron fortalecidas durante el último gobierno progresista. Las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional; privadas) siguieron operando hasta hace poco y cuando estaban a punto de morir por su propia ineficiencia, el estado las salvo con la plata de todos los chilenos y en el mismo gobierno progresista. El Código de Aguas de la dictadura sobrevivió décadas de gobiernos que se decían progresistas. El royalty minero que aprobó el gobierno de Boric es un avance real pero insuficiente respecto al potencial de recaudación que los recursos naturales chilenos representan.
La esperanza está en que esa frustración acumulada produjo el octubre de 2019, que demostró que la mayoría de los chilenos sabe perfectamente que el modelo no funciona para ellos, aunque no siempre tenga claridad sobre la alternativa. Esa conciencia difusa pero extendida es la materia prima de la transformación. Lo que falta es la organización política capaz de convertirla en programa y en poder.
FGB: ¿Cómo ve la soberanía de los recursos naturales en el continente frente a la transición energética global?
D.J.: La transición energética global es para América Latina la oportunidad más importante y el peligro más serio del siglo XXI, y ambas cosas al mismo tiempo. El litio del triángulo sudamericano, el cobre chileno, el níquel brasileño, los hidrocarburos venezolanos y bolivianos: todos esos recursos son exactamente los que el mundo desarrollado necesita para financiar su transición verde. La pregunta es quién captura el valor de esa transición.
Si seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre, exportar la materia prima en bruto y dejar que el valor agregado del procesamiento y la manufactura se capture en otros países, la transición energética global no será nuestra oportunidad sino nuestra nueva maldición de los recursos. Cambiaremos el cobre de la era industrial por el litio de la era eléctrica, con el mismo resultado: como lo hicimos antes con el salitre y seguiremos siendo países ricos en recursos y pobres en desarrollo. La soberanía sobre los recursos naturales no es solo una consigna. Es la condición de que la transición energética nos beneficie antes que nos saquee una vez más.
FGB: ¿Estamos condenados a ser solo proveedores de materias primas?
D.J.: No estamos condenados, pero tampoco vamos a escapar de esa trampa sin decisiones políticas deliberadas que el mercado por sí solo nunca producirá. Ningún país del mundo que haya superado la dependencia primario-exportadora lo hizo dejando que el mercado decidiera su estructura productiva. Lo hicieron con política industrial activa, con empresas públicas estratégicas, con aranceles que protegieron industrias nacientes y con inversión masiva en educación técnica y en investigación y desarrollo.
El problema es que los acuerdos de libre comercio que la mayoría de los países latinoamericanos firmaron en las últimas décadas limitan severamente la capacidad de implementar esa política industrial. Nos amarramos de pies y manos precisamente cuando necesitábamos las manos libres para construir algo distinto. Salir de esa trampa requiere renegociar esos acuerdos, lo que implica enfrentar resistencias enormes tanto internas como externas. Pero la alternativa es seguir siendo lo que somos: el patio trasero del mundo desarrollado, que nos compra barato y nos vende caro lo que fabricó con lo que nos compró.
FGB: ¿Han tenido algún impacto en el quehacer nacional las movilizaciones de 2019?
D.J.: El estallido de octubre de 2019 tuvo un impacto enorme y un resultado decepcionante, y ambas cosas son verdad simultáneamente. El impacto fue real si uno mira la historia larga por el cambio constitucional. Hace treinta años éramos pocos los convencidos de esa necesidad y no teníamos un texto de referencia. Hoy tenemos un texto de referencia que fue aprobado por 4,8 millones de chilenas y chilenos. Ese es un tremendo avance que abre un mundo de esperanzas, porque instaló una agenda de reivindicaciones que antes no tenían espacio en el debate político formal, forzó al sistema político a convocar un proceso constituyente, demostró que la mayoría de los chilenos rechazaba el modelo neoliberal con una contundencia que ninguna encuesta había capturado antes. Nadie que vio las plazas llenas en todo el país puede argumentar que ese movimiento no existió o que no fue significativo.
El resultado fue decepcionante porque el sistema político logró capturar y canalizar esa energía hacia un proceso constituyente que terminó siendo derrotado dos veces, en 2022 y en 2023, por razones que tienen que ver tanto con los errores propios del proceso como con la campaña de desinformación de la derecha y con el abandono institucional de un gobierno que no defendió con suficiente convicción lo que decía defender. El estallido cambió el clima político pero no cambió las estructuras. Y cambiar el clima sin cambiar las estructuras produce, con el tiempo, más frustración que esperanza.
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FGB: ¿Dónde nos encontramos ahora?
D.J.: En un momento de reflujo que no debe confundirse con derrota definitiva. Chile eligió en 2025 a José Antonio Kast, un gobierno de derecha que no oculta lo que viene: desmantelamiento de lo poco que se avanzó, entrega acelerada de los bienes comunes al capital, criminalización de la protesta y naturalización de la desigualdad como orden inevitable. Ese gobierno ganó una elección con votos reales de personas reales que tienen razones reales para haberlo votado, razones que la izquierda debe entender antes de poder responder.
Lo que me preocupa más que el gobierno de Kast es la respuesta de la izquierda a ese gobierno. La tentación de replegarse a la defensa de las instituciones existentes, de hablar el lenguaje de la moderación para no asustar a nadie, de sacrificar el horizonte transformador en el altar de la gobernabilidad, es exactamente la trampa que nos trajo hasta aquí. El reflujo es real pero el terreno que el estallido conquistó en términos de conciencia social no ha desaparecido. Lo que falta es la organización capaz de sostenerlo y profundizarlo.
FGB: ¿Qué mensaje le da a los movimientos sociales de otros países que enfrentan élites económicas similares?
D.J.: Que la única forma de enfrentar a una élite que lleva décadas construyendo hegemonía cultural es disputarle esa hegemonía en el territorio donde vive la gente, no solo en las instituciones donde se toman las decisiones formales. Lo que la derecha ha hecho en Chile y en toda la región con enorme eficacia es convencer a amplios sectores de la clase trabajadora de que sus intereses coinciden con los intereses del capital. Desmontar esa convicción no se hace con argumentos técnicos ni con programas bien redactados. Se hace con presencia sostenida en los territorios, con resultados concretos demostrables, con la disposición a escuchar antes de proponer.
En Recoleta tardamos más de diez años de trabajo territorial sostenido antes de ganar la primera elección. No convencimos a nadie con argumentos. Los enamoramos con presencia y con hechos. Esa es la única fórmula que funciona con quienes la política institucional abandonó hace tanto tiempo que ya ni recuerdan cuándo fue.
FGB: ¿La oligarquía ha demostrado una notable capacidad para absorber y desviar las demandas populares. ¿Cómo se explica esa capacidad?
D.J.: Se explica con Gramsci: la clase dominante no gobierna solo por la coerción sino por la hegemonía, por la capacidad de convencer a las mayorías de que el orden existente es natural, inevitable y beneficioso y de que los intereses de la clase dominante coinciden con los intereses de la clase trabajadora. Esa hegemonía se construye en las escuelas, en los medios de comunicación, en la cultura popular, en el sentido común cotidiano. Y se reproduce precisamente porque la izquierda abandonó durante décadas esos espacios para concentrarse en las instituciones formales.
Pero hay un factor adicional que en Chile es especialmente relevante: la capacidad de la élite para cooptar a los sectores progresistas que llegan al gobierno. No siempre mediante la corrupción directa sino mediante algo más sutil y más eficaz: el argumento de que gobernar responsablemente exige no hacer lo que se prometió, que el contexto no permite las transformaciones que se anunciaron, que hay que ser pragmáticos. Ese argumento, repetido suficientes veces, produce exactamente lo que vimos en Chile: una izquierda que llegó al gobierno y terminó administrando el modelo que prometía transformar, con el consiguiente descrédito ante su propia base social.
FGB: ¿Pueden las fuerzas de izquierda, desunidas, superar la crisis de representación y la confianza perdida?
D.J.: Pueden, pero no con los métodos que han estado usando. La crisis de representación de la izquierda latinoamericana no es principalmente una crisis de comunicación ni de imagen. Es una crisis de contenido y de práctica. La gente no dejó de confiar en la izquierda porque no supo vender su mensaje. Dejó de confiar porque la izquierda, cuando gobernó, frecuentemente no hizo lo que prometía o hizo demasiado poco demasiado tarde. Porque termino hablando el lenguaje del amo y cuando se habla el lenguaje del amo como si fuera la lengua materna, se aceptan también sus categorías y sus jerarquías como propias.
La unidad que la izquierda necesita no es la unidad electoral táctica que se construye para ganar una elección y se disuelve al día siguiente. Es la unidad programática sobre lo fundamental: qué modelo económico propone, qué relación tiene con los movimientos sociales, qué concepción de la democracia practica internamente antes de predicarla externamente. Sin esa unidad de fondo, que además debe ser primero con los pueblos antes que con los partidos, la unidad de frente es un espejismo que la primera crisis disuelve. Y la primera crisis siempre llega.
FGB: ¿Qué más puede agregar al respecto?
D.J.: Que la crisis de representación tiene una dimensión que raramente se nombra con suficiente honestidad: la izquierda latinoamericana asumió en las últimas décadas el marco ideológico de la derecha en temas fundamentales. Aceptó que la estabilidad macroeconómica era más importante que la redistribución. Aceptó que los mercados financieros tenían veto sobre las políticas públicas. Aceptó que la seguridad ciudadana era fundamentalmente un problema policial antes que un problema social. Y al aceptar ese marco, perdió la capacidad de proponer un horizonte alternativo que convenciera a quienes más necesitaban el cambio.
Eso es lo que llamo bancarrota ideológica. No es que la izquierda haya tenido malos candidatos o mala comunicación. Es que durante demasiado tiempo propuso una versión más amable del mismo modelo que sus votantes querían transformar. Recuperar la confianza exige primero recuperar la claridad sobre qué se propone y por qué, sin disculparse por ello.
FGB: ¿Cuál es la deuda histórica con los pueblos originarios y con la región del Walmapu?
D.J.: La deuda es enorme y es estructural. El Estado chileno construyó su territorio sobre el despojo de los pueblos originarios, y ese despojo no terminó con la colonización española, sino que continuó y se profundizó con la república. La ocupación militar de la Araucanía en el siglo XIX fue una guerra de exterminio y despojo que el Estado chileno nunca ha reconocido con suficiente honestidad, y cuyas consecuencias materiales, la concentración de la tierra, el agua y los recursos forestales en manos de grandes empresas y particulares, siguen organizando la desigualdad territorial hasta hoy.
La deuda tiene cuatro dimensiones inseparables. La primera es el reconocimiento constitucional de Chile como Estado plurinacional, que ningún proceso constituyente ha logrado concretar. La segunda es la restitución territorial, que no puede limitarse a compras de tierra a precio de mercado, sino que debe incluir la devolución de territorios usurpados mediante mecanismos que el derecho internacional considera ilegítimos. La tercera es la autonomía real sobre los recursos que esos territorios contienen, especialmente el agua y los bosques. Y la cuarta es el reconocimiento jurídico de los sistemas propios de gobierno y de justicia de los pueblos originarios. Sin esas cuatro dimensiones, cualquier política indigenista es cosmética.
FGB: ¿Es viable continuar con la militarización del Walmapu?
D.J.: No solo no es viable. Es contraproducente y éticamente inaceptable. La militarización del territorio mapuche que han aplicado gobiernos de distinto signo político, incluyendo gobiernos que se decían progresistas, ha demostrado con suficiente evidencia empírica que no resuelve el conflicto sino que lo profundiza. Cada operación policial que detiene a un comunero, cada aplicación de la Ley Antiterrorista a quienes defienden su territorio, cada declaración de estado de excepción, produce más rabia, más organización y más radicalización en las comunidades que la padecen.
El conflicto en el Walmapu no es un problema de seguridad pública. Es un problema político de reconocimiento, de territorio y de poder que solo puede resolverse con diálogo político real entre el Estado y los pueblos mapuche en condiciones de respeto mutuo y con voluntad real de transformar las relaciones de poder que produjeron el conflicto. Seguir tratándolo como un problema policial es exactamente la definición de hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos.
FGB: ¿Ha habido una mirada más receptiva a nivel ciudadano respecto a las reivindicaciones mapuche?
D.J.: Sí, aunque con matices importantes. El estallido de 2019 tuvo una dimensión de reconocimiento de la causa mapuche que no había existido con esa intensidad antes. La wenufoye, la bandera mapuche, ondeó junto a las banderas chilenas en las plazas de todo el país. Hubo un momento real de identificación entre la demanda mapuche y la demanda popular más amplia por dignidad y por fin al abuso.
Pero ese reconocimiento es todavía superficial y frágil. Una parte importante de la ciudadanía que simpatiza con la causa mapuche en abstracto apoya simultáneamente mano dura cuando los conflictos territoriales generan violencia, incendios o cortes de ruta. Esa contradicción no es hipocresía. Es el resultado de décadas de desinformación sistemática por parte de los medios de comunicación concentrados en pocas manos vinculadas a los intereses forestales y agrícolas que más se benefician del despojo territorial. Cambiar esa percepción es trabajo cultural de largo aliento, exactamente el tipo de trabajo que la izquierda tiende a abandonar cuando llega al gobierno.
FGB: ¿Podrían gestarse otras vías de solución para el Walmapu?
D.J.: La solución existe y está relativamente bien identificada, aunque políticamente sea difícil de implementar. Requiere tres condiciones simultáneas que ningún gobierno ha estado dispuesto a reunir al mismo tiempo.
La primera es suspender la represión y retirar las fuerzas militares del territorio como condición previa del diálogo, no como resultado de él. La segunda es iniciar un proceso de negociación directa con las distintas expresiones del movimiento mapuche, incluyendo las más radicales, con agenda abierta y sin condiciones previas sobre los temas que pueden discutirse. La tercera es comprometerse jurídicamente con el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche como nación antes de que ese reconocimiento sea aprobado por el Parlamento, para que el diálogo ocurra entre partes que se reconocen mutuamente y no entre un Estado que concede y una nación que pide. Sin esas tres condiciones simultáneas, cualquier proceso de diálogo terminará como los anteriores: como operación de legitimación de una solución ya decidida que las comunidades terminarán rechazando.
FGB: ¿Tiene la izquierda progresista una respuesta atractiva sobre la migración?
D.J.: Debería tenerla pero en su mayor parte no la tiene, y esa ausencia es parte de la bancarrota ideológica que mencioné antes. La izquierda latinoamericana ha tendido a responder a la instrumentalización derechista de la migración de dos maneras igualmente inadecuadas. La primera es el silencio, que deja el campo libre a la narrativa xenófoba de la derecha. La segunda es el humanitarismo abstracto que defiende los derechos de los migrantes en términos generales sin responder las preguntas concretas que preocupan a la población: quién compite con quién por los empleos, quién usa cuáles servicios públicos, cómo se regula el flujo para que sea manejable.
La respuesta correcta no es ninguna de las dos. Es la que parte de reconocer que la migración masiva no surge de la nada sino de las condiciones que el capitalismo global produce en los países de origen: desigualdad, violencia, falta de oportunidades. Y que la solución estructural al problema migratorio es la misma que la solución estructural a la desigualdad: un modelo de desarrollo que produzca condiciones de vida dignas en los países de origen para que la migración sea una opción y no una obligación. Mientras tanto, una política migratoria ordenada que garantice los derechos de los trabajadores migrantes, que impida su uso como mano de obra más barata y más precaria que la local, y que invierta en los servicios públicos que los reciben, es la única respuesta que no traiciona ni a los migrantes ni a los trabajadores que ya estaban.
FGB: ¿Tiene la izquierda una respuesta sobre seguridad ciudadana que no ceda el terreno a la derecha?
D.J.: Tiene que tenerla y no puede seguir esquivando el tema. La seguridad ciudadana es el campo donde la izquierda latinoamericana ha perdido más terreno en la última década, no porque la derecha tenga las mejores ideas sino porque la izquierda abandonó el territorio dejando el monopolio del discurso a quien estaba dispuesto a hablar de ello sin complejos.
La respuesta de izquierda sobre seguridad no es negar que el problema existe. Es nombrar sus causas con honestidad. La violencia que viven los barrios populares no es la violencia de personas malas. Es la violencia que produce un sistema que abandona a la gente y luego la criminaliza por los resultados de ese abandono. El narcotráfico no llena un vacío que existía de manera natural. Llena el vacío que el Estado dejó cuando se retiró de los territorios populares. Y la respuesta a ese vacío no puede ser solo más policía, que es el instrumento que el Estado usa cuando ya no tiene otra cosa que ofrecer. Tiene que ser más Estado en todas sus dimensiones: salud, educación, trabajo, cultura, espacios públicos dignos, alternativas reales a la economía del crimen.
Eso no significa ingenuidad sobre la necesidad de orden público. Significa entender que el orden público sostenible no se construye con represión sino con justicia. Y que la izquierda que acepta el marco represivo de la derecha para parecer responsable termina siendo peor que la derecha en reprimir y sin el proyecto transformador que la distinguía.
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FGB: ¿La proliferación del crimen organizado es una realidad o ha sido dramatizada?
D.J.: Es una realidad que ha sido instrumentalizada. Ambas cosas son verdad y es importante no confundirlas. El crimen organizado en Chile y en la región creció de manera real y verificable en la última década y no hay que olvidar que son parte esencial de la economía capitalista informal. Las organizaciones que operan en los territorios populares tienen recursos, armamento y capacidad de violencia que hace veinte años no tenían. Eso es un hecho que ningún análisis honesto puede negar.
Pero la dramatización de ese fenómeno por parte de la derecha y de los medios que la sostienen tiene objetivos políticos precisos: instalar el miedo como el eje organizador de la política, hacer que la ciudadanía priorice el orden sobre la justicia, y legitimar respuestas represivas que afectan principalmente a los sectores populares. Cuando un gobierno declara estado de excepción en comunas pobres por el crimen organizado mientras los delitos de cuello blanco, la evasión tributaria, la colusión empresarial, la corrupción política, se juzgan con una benevolencia que ningún tribunal aplicaría a un robo de supermercado, esa asimetría no es accidental. Es la política criminal del sistema expresándose con claridad. No hay que olvidar que el mayor problema es que el crimen organizado paga muchos mejores sueldos que el empresariado y ese es el verdadero problema estructural.
FGB: ¿Cuál debería ser la propuesta progresista para enfrentar la seguridad?
D.J.: La propuesta progresista sobre seguridad tiene que tener tres dimensiones que se refuerzan mutuamente. La primera es la presencia del Estado en los territorios abandonados, no solo con policía sino con todos los servicios que hacen posible una vida digna. La segunda es la reforma del sistema de justicia penal para que persiga con igual energía los delitos que más daño producen al conjunto de la sociedad, independientemente de quién los cometa. Y la tercera es la participación comunitaria organizada como el instrumento más eficaz de prevención del delito, porque las comunidades que se conocen, que se cuidan mutuamente y que tienen presencia organizada en sus territorios son infinitamente más eficaces contra el crimen que cualquier operativo policial.
Lo que la izquierda no puede seguir haciendo es ceder el discurso de la seguridad a la derecha por miedo a parecer permisiva. La seguridad real no la produce el muro ni la cámara ni el carabinero en la esquina. La produce la comunidad que no deja a nadie solo frente al abandono que el sistema produce. Esa es la diferencia entre el orden que la derecha ofrece y la seguridad que la izquierda propone.
FGB: ¿Están la burguesía y la institucionalidad chilena y regional hechas a la medida de los intereses foráneos?
D.J.: En gran medida sí, aunque con matices importantes según el país y el período. La burguesía chilena se formó históricamente en estrecha asociación con el capital extranjero, primero británico, luego norteamericano. La dictadura de Pinochet profundizó esa dependencia de manera deliberada: los Chicago Boys no solo aplicaron un modelo económico sino que restructuraron las élites nacionales para alinearlas con los intereses del capital transnacional. El resultado es una clase dominante que tiene más lealtades con sus pares en Nueva York o en Madrid que con la mayoría de los chilenos con quienes comparte territorio.
Eso no significa que la burguesía chilena no tenga intereses propios que a veces divergen de los intereses del capital extranjero. Los tiene. Pero esa divergencia ocurre dentro de un marco estructural de dependencia que limita severamente el margen de autonomía. Cuando un gobierno latinoamericano amenaza genuinamente los intereses del capital transnacional, la burguesía local tiende a aliarse con ese capital antes que con su propia ciudadanía. El 11 de septiembre de 1973 es la demostración más brutal de esa tendencia, pero no es la única.
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FGB: ¿Cuán interconectados están con el capital estadounidense y cómo se relativiza eso con la creciente presencia china?
D.J.: La presencia del capital chino en América Latina es real, creciente y cualitativamente distinta a la del capital norteamericano, aunque no necesariamente más beneficiosa para nuestros pueblos. China compra nuestras materias primas con la misma lógica extractivista que Estados Unidos ha aplicado durante un siglo, solo que sin la condicionalidad política explícita que Washington impone. Eso puede parecer más conveniente en el corto plazo, pero reproduce exactamente la misma dependencia primario-exportadora bajo nueva forma.
La diferencia geopolítica es real: la presencia china diversifica las opciones de los gobiernos latinoamericanos y reduce el margen de presión unilateral de Washington. Eso es un dato que ningún análisis serio puede ignorar. Pero la diversificación de dependencias no es soberanía. Un país que antes dependía solo de Estados Unidos y ahora depende de Estados Unidos y de China no ha ganado independencia, sino que ha complejizado su dependencia. La soberanía real requiere construir capacidades productivas propias que no dependan de ningún poder externo para su reproducción. Y eso ningún inversor extranjero, norteamericano o chino, va a construir por nosotros.
FGB: ¿Cómo evalúa el estado de la integración latinoamericana?
D.J.: En retroceso respecto a los avances del ciclo progresista anterior, pero no en derrota definitiva. El ALBA, la CELAC, UNASUR representaron un momento real de autonomía latinoamericana respecto a Washington que la derecha regional desmanteló sistemáticamente cuando recuperó el poder. La salida de varios países de UNASUR, el debilitamiento de la CELAC, la creación del Prosur como alternativa conservadora: todo eso fue una operación deliberada para desarticular los instrumentos de integración que habían comenzado a construir un espacio político latinoamericano relativamente independiente.
Lo que falta para que la integración sea real y duradera es exactamente lo que falta para que las transformaciones nacionales sean reales y duraderas: la voluntad política de subordinar los intereses de las élites nacionales al bien común regional. Mientras los gobiernos latinoamericanos compitan entre sí por atraer inversión extranjera rebajando impuestos y derechos laborales, la integración será un discurso de cumbres sin consecuencias materiales. La integración real requiere coordinar políticas fiscales, laborales y ambientales que impidan esa carrera hacia el fondo. Y eso implica enfrentar resistencias de los mismos actores que se benefician de la desintegración.
FGB: La hegemonía de Estados Unidos está en declinación, pero su dominio en la región se fortalece. ¿Cuál es su apreciación?
D.J.: Es una paradoja solo aparente. La hegemonía global de Estados Unidos declina en términos relativos porque China, Rusia y otras potencias emergentes han erosionado su capacidad de dominar el orden mundial de manera unilateral. Pero precisamente porque esa hegemonía global declina, Washington tiende a aferrarse con más fuerza a lo que considera su patio trasero garantizado. América Latina es para Estados Unidos lo que fue siempre: la reserva estratégica de recursos naturales, el mercado cautivo y el espacio de influencia que no puede perder sin comprometer su posición global.
Eso explica por qué la presión norteamericana sobre los gobiernos latinoamericanos que se atreven a distanciarse de Washington sigue siendo tan intensa a pesar del declive relativo de su poder global. El lawfare, los golpes blandos, las sanciones económicas, el financiamiento de la oposición: todos esos instrumentos se han sofisticado y diversificado precisamente porque la intervención militar directa se ha vuelto más costosa políticamente. La declinación hegemónica no produce automáticamente más espacio para la autonomía latinoamericana. Puede producir más presión y más desestabilización si los gobiernos de la región no tienen la organización y la unidad suficientes para resistirla.
Seguridad imperial y política latinoamericana de Estados Unidos (Primera parte)
FGB: ¿Qué peligros entraña para la región la cruzada estadounidense contra el llamado terrorismo de extrema izquierda?
D.J.: Es una amenaza que hay que tomar en serio sin caer en el pánico ni en la parálisis. El gobierno de Trump y sus aliados regionales han construido deliberadamente una narrativa que equipara cualquier forma de organización popular, cualquier demanda de soberanía sobre los recursos naturales, cualquier crítica al modelo neoliberal, con terrorismo o con injerencia extranjera. Esa narrativa tiene consecuencias concretas: legitima la persecución judicial de dirigentes sociales y políticos, justifica la militarización de territorios en conflicto y proporciona cobertura ideológica a gobiernos que quieren reprimir la organización popular sin asumir el costo político de hacerlo abiertamente.
Lo que más me preocupa de esa narrativa es que encuentra eco en sectores que deberían resistirla. Cuando partidos de izquierda aceptan el marco conceptual de la derecha para parecer responsables, cuando dirigentes progresistas se distancian de los movimientos sociales que los sostienen para no ser asociados con el extremismo que Washington denuncia, están haciendo exactamente el trabajo que la derecha necesita que hagan. La respuesta correcta no es aceptar ese marco sino disputarlo frontalmente, mostrando con evidencia concreta que lo que Washington llama terrorismo de izquierda es frecuentemente organización popular legítima, defensa territorial de pueblos originarios o resistencia a la extracción depredadora de recursos naturales. Esa disputa es política y cultural antes que jurídica, y requiere una izquierda que no tenga miedo de sus propias ideas.
