Por Manuel Tufro, Open Democracy
La guerra global contra el terrorismo, nacida de las cenizas de las torres gemelas, se perpetúa buscando constantemente nuevos objetivos.
Hace veinticinco años, cuatro ataques suicidas simultáneos en suelo estadounidense se cobraron 2.977 vidas. La mayoría de las víctimas eran personas que trabajaban en las torres gemelas del World Trade Center. También murieron cientos de bomberos y policías que acudieron al lugar del desastre.
El trauma del ataque en suelo estadounidense arraigó en la política estadounidense la idea de que la respuesta tenía que ser a la escala de una guerra. Y así fue: sobrevino una guerra global e interminable, que hasta el día de hoy se perpetúa buscando constantemente nuevos objetivos. Implicó la invasión de varios países, la normalización de la tortura y la detención de cientos de personas en prisiones secretas repartidas por todo el mundo.
Según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, más de 900.000 personas murieron como resultado directo de la guerra contra el terrorismo en los veinte años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Las muertes “indirectas” causadas por el colapso de la infraestructura y las economías de los países invadidos se estiman en alrededor de 3,8 millones de personas.
La situación actual en América Latina redefine esta fecha como el punto de partida de otro aspecto del proceso, quizás menos discutido en nuestra región: la reconfiguración de los Estados, sus leyes, instituciones, prácticas y equilibrios de poder, todos orientados a combatir el terrorismo como objetivo supremo. Nació el Estado antiterrorista. Y una vez puesto en marcha, nunca podría ser desmantelado. Lo que se construyó con el pretexto de una situación excepcional se convirtió en la norma.
En Estados Unidos se decidió que el terrorismo requería una respuesta militar externa, pero también una reconfiguración del Estado internamente. Actividades como la respuesta de emergencia y el control de la inmigración fueron “securitizadas” y puestas bajo la competencia de un nuevo Departamento de Seguridad Nacional, creado en 2002. Se amplió la autoridad otorgada a las agencias de inteligencia para recopilar todo tipo de datos para espiar a la propia población.
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En términos de derecho nacional e internacional, la difuminación de la línea entre la justicia penal y las leyes de la guerra –junto con un creciente énfasis en la prevención y la anticipación– condujo a una especie de sistema legal paralelo sin derecho a la defensa y sin medios para supervisar los procedimientos.
También se desarrollaron una serie de herramientas administrativas basadas en la lógica del etiquetado: basta que el Estado califique a una persona u organización como terrorista para que enfrente las consecuencias sin necesidad de presentar pruebas ni pasar por procedimientos legales. Así funcionan, por ejemplo, las distintas “listas” de terroristas designados, a partir de las cuales se imponen severas sanciones a las personas o grupos incluidos en ellas.
En los años posteriores a 2001, la idea de que la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo utilizando medidas militarizadas y excepcionales se convirtió en la norma a nivel mundial. Esto ocurrió porque otros países, como Rusia, China e Israel, encontraron en este marco antiterrorista una oportunidad para legitimar sus acciones contra enemigos internos y externos.
También se estableció una arquitectura antiterrorista global a nivel de la ONU, basada en cuatro pilares: abordar las condiciones que fomentan la propagación del terrorismo; prevenir y combatir el terrorismo; fortalecer las capacidades de los estados y de la propia ONU para ese propósito; y, finalmente, garantizar el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en el contexto de la lucha contra el terrorismo. No sorprenderá a nadie que el interés en hacer cumplir el cuarto pilar haya sido, y siga siendo, escaso o inexistente.
América Latina permaneció en gran medida al margen de esta tendencia, excepto en casos como el de Colombia, donde el abordaje del conflicto interno también fue visto en ocasiones como parte de la guerra global contra el terrorismo.
Pero el estatus excepcional de la “zona de paz” latinoamericana comenzó a cambiar en los últimos años. En primer lugar, varios gobiernos de la región comenzaron a interesarse en aplicar el marco antiterrorista a nivel interno. La persistencia y evolución del crimen organizado proporcionó la excusa perfecta. La militarización, los estados de emergencia que permiten eludir la separación de poderes y la consolidación del secreto como forma de gobernanza son medidas demasiado atractivas para los líderes con tendencias autoritarias.
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Así, el marco antiterrorista también comenzó a dar forma a varios Estados latinoamericanos (El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú) con la secuencia de acontecimientos casi siempre la misma. Los casos reales de violencia establecen el uso de la categoría “terrorismo” y legitiman medidas de emergencia; Una vez en vigor, estas medidas se afianzan y normalizan y comienzan a utilizarse con fines de persecución política. Otros países con niveles de violencia mucho más bajos, como Argentina y Chile, han pasado varios años intentando etiquetar los conflictos territoriales que involucran a pueblos indígenas, como los mapuche, como terrorismo. Con el advenimiento de los gobiernos de extrema derecha, también están tomando medidas para reconfigurar el Estado según líneas antiterroristas.
Esta tendencia se vio exacerbada por el regreso de Trump al poder. Como parte de su nueva estrategia global, Estados Unidos define a América Latina como una zona de dominio exclusivo.
El plan actual es movilizar a todo el continente hacia un proceso de militarización subordinado al Comando Sur, utilizando como pretexto la lucha contra el “narcoterrorismo”. Con este fin, está reviviendo y actualizando muchas de las herramientas del marco antiterrorista posterior a 2001.
En consecuencia, las estrategias latinoamericanas que abusan del marco antiterrorista se están envalentonando porque Estados Unidos promueve la aplicación de ese mismo marco como política hemisférica, además de utilizarlo a nivel interno. Incluso la ampliación de la definición de terrorismo para incluir la persecución política fue promovida explícitamente por el Secretario de Estado Marco Rubio en la reciente “cumbre” que reunió a representantes de más de 60 países para escuchar sus advertencias sobre el “resurgimiento del terrorismo de izquierda”.
Veinticinco años después del lanzamiento del Estado antiterrorista, su sombra se cierne más grande que nunca en América Latina, exacerbando los riesgos de una escalada de violencia letal, violaciones recurrentes de la soberanía nacional con el consentimiento de las elites locales y persecución política disfrazada de contraterrorismo.
El concepto de terrorismo establece un vínculo entre política y delincuencia. Hoy esto permite a los gobiernos criminalizar la disidencia, especialmente aquellos que intentan resistir las formas actuales de subyugación (genocidio, destrucción ambiental, empobrecimiento, violencia política de derecha) a través de formas de acción directa. Como señaló la académica argentina Pilar Calveiro en su libro Violencias de Estado, estas formas de acción colectiva se refieren en última instancia al “derecho a la rebelión” –un derecho una vez reconocido– que el marco antiterrorista busca erradicar.
Resistir la capacidad del marco antiterrorista de remodelar el funcionamiento del Estado (y de partes de la sociedad) en una dirección autoritaria y violenta es ahora una prioridad política para la sociedad civil, los movimientos sociales y las fuerzas democráticas en América Latina.
