Por Perry Bacon, The New Republic
El gasto electoral masivo por parte de Elon Musk y otros multimillonarios constituye un problema enorme, incluso si muchos de los candidatos favoritos de los superricos resultan derrotados el próximo mes.
Es casi seguro que a los candidatos respaldados por multimillonarios y sectores industriales no les irá tan bien en las elecciones de mitad de mandato como hace dos años, cuando los favoritos de Elon Musk y otros individuos inmensamente ricos ganaron numerosas contiendas, incluida la presidencia. Sin embargo, el gran capital sigue distorsionando las elecciones estadounidenses: coloca a candidatos débiles en igualdad de condiciones financieras con otros más sólidos, hace que los políticos de ambos partidos deban lealtad a los ricos en lugar de a sus electores, y bloquea la implementación de políticas más populistas. No cabe duda de que una victoria demócrata este otoño situaría a Estados Unidos en una mejor posición; no obstante, nuestra democracia no podrá prosperar si una clase de oligarcas puede utilizar su riqueza para dominar el sistema político.
Diversos fallos judiciales —entre los que destaca la sentencia Citizens United de 2010, emitida por la Corte Suprema— han eliminado la mayor parte de las restricciones al gasto electoral de personas adineradas y corporaciones. Desde entonces, en cada ciclo electoral, tanto las empresas como los multimillonarios han intensificado su participación política, tanto en términos de montos económicos como en la agresividad de sus estrategias. El ciclo de 2024 marcó un punto de inflexión. Según un análisis de The New York Times, cerca del 20 por ciento de las donaciones destinadas a candidatos y causas políticas —más de 3000 millones de dólares en total— provino de multimillonarios y sus familiares directos. Seis individuos o familias donaron más de 100 millones de dólares cada uno; a la cabeza se situó Elon Musk, quien destinó aproximadamente 290 millones de dólares. Musk financió una operación de movilización de votantes en estados clave, un tipo de estructura que, por lo general, es organizada por los propios candidatos o partidos políticos.
Las seis familias mencionadas respaldaron a candidatos republicanos. Ese gasto contribuyó a que el Partido Republicano (GOP) se hiciera con el control de la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Mientras tanto, numerosas empresas financiaron «super PACs» (comités de acción política) y otros comités de campaña, por lo general con el objetivo de derrotar a candidatos demócratas y favorecer a los republicanos. Quizás el caso más destacado sea el de la industria de las criptomonedas, que donó más de 40 millones de dólares a un «super PAC» para desbancar a un crítico del sector: el entonces senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio.
Este año, los multimillonarios ya han donado al menos 1700 millones de dólares. De esa cifra, 1200 millones (el 69 por ciento) se han destinado a apoyar a candidatos republicanos, según un informe de la organización Americans for Tax Fairness. Solo Elon Musk ha inyectado al menos 366 millones de dólares, según el diario The Times. Por su parte, empresas de los sectores de las criptomonedas, la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas y las apuestas en línea han gastado al menos 294 millones de dólares en este ciclo electoral, de acuerdo con la organización Public Citizen. La mayor parte de este gasto se ha dirigido a candidatos republicanos, aunque también se ha destinado una parte a apoyar a candidatos demócratas que, a juicio de estas empresas —quizás con razón—, no impondrán regulaciones estrictas.
Salvo que ocurra algo sumamente inesperado, todo este gasto no logrará garantizar el gobierno que desean los ricos y las grandes corporaciones. Es casi seguro que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes y reducirán la presencia republicana a nivel estatal. Incluso podrían hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso y lograr el dominio total («trifecta») en estados donde reside la mayoría de la población estadounidense.
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No obstante, aunque se produzca una «ola azul» (un avance demócrata), el gasto de las grandes corporaciones y los multimillonarios habrá tenido un impacto. ¿De qué manera? En primer lugar, es casi seguro que este desembolso está limitando las pérdidas del Partido Republicano. Los candidatos demócratas al Congreso están recaudando fondos muy por encima de sus oponentes republicanos. Por ejemplo, James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, recaudó 60 millones de dólares entre julio y septiembre, frente a los apenas 10 millones obtenidos por su rival republicano, el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Esta ventaja en la recaudación podría permitir a los demócratas emitir muchos más anuncios televisivos y desplegar operaciones de movilización de votantes mucho más eficaces que las de sus adversarios republicanos. Sin embargo, los multimillonarios y las empresas de tendencia conservadora están inyectando decenas de millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos, equilibrando así el terreno de juego.
El gasto de los multimillonarios no puede evitar una «ola demócrata», pero sí puede limitar su alcance. Gran parte de este gasto, proveniente de multimillonarios y corporaciones, se concentra en distritos y estados tradicionalmente republicanos —como Texas e Iowa—, ya que las encuestas sugieren que los demócratas podrían ganar este año en lugares donde habitualmente no lo hacen. Este tipo de inversión resulta muy útil para los candidatos republicanos. En las zonas de tendencia republicana, los candidatos no necesitan necesariamente convencer a los votantes indecisos o independientes; les basta con lograr que acuda a votar un número suficiente de electores tradicionalmente republicanos. Los anuncios y las iniciativas destinadas a fomentar la participación electoral pueden ser especialmente eficaces para movilizar a la base de votantes. Si los republicanos mantienen el control del Senado y/o los demócratas obtienen una mayoría bastante ajustada (de 220 a 229 escaños) en la Cámara, el aporte recibido de parte de los multimillonarios y las corporaciones habrá resultado ser un activo de gran valor.
Y esto no es solo una narrativa contraria al Partido Demócrata, sino también algo antidemocrático. El principio de «una persona, un voto» no existe realmente cuando ciertos individuos donan a las campañas más dinero que miles, o incluso cientos de miles, de otros estadounidenses juntos. Nuestro sistema de financiación de campañas nunca ha sido especialmente democrático; sin embargo, resulta más democrático que un candidato recaude 30 millones de dólares provenientes de 30 000 o 300 000 personas, en lugar de que provengan de una sola.
Además, el gasto desorbitado de Musk y otros multimillonarios garantiza, en la práctica, que los políticos que resultan elegidos gracias a su respaldo financiero actúen según los intereses de sus benefactores una vez en el cargo. No me refiero necesariamente a un intercambio explícito de favores; más bien, dado que los políticos siempre tienen en mente su reelección, tienden a complacer a los donantes que han invertido millones en su victoria, con la esperanza de volver a contar con ese apoyo financiero en futuras contiendas.
Y no son solo los republicanos quienes están supeditados a los superricos; los demócratas también aceptan sumas enormes provenientes de personas adineradas. Los demócratas argumentan —con razón— que no deberían desarmarse unilateralmente y permitir que los candidatos republicanos se beneficien de un gasto masivo por parte de multimillonarios de tendencia conservadora, mientras que los de tendencia liberal permanecen al margen. Es más, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones federales, en las contiendas para gobernadores o legislaturas estatales, los candidatos demócratas a menudo se ven superados con creces en gasto por sus rivales republicanos. Por ello, en las últimas semanas, estrategas y responsables de campañas demócratas han instado a los grandes donantes a involucrarse más, y así lo han hecho.
Si bien nadie en el bando demócrata está gastando tanto como Musk, figuras como Michael Bloomberg (más de 19 millones de dólares), Reid Hoffman (más de 12 millones) y otros están invirtiendo sumas considerables para impulsar a los candidatos demócratas. Pero estas donaciones conllevan condiciones. Demócratas adinerados, como Bloomberg, ven con recelo que el partido adopte políticas más populistas, tales como impuestos a la riqueza o una regulación más estricta de las grandes corporaciones. Los candidatos demócratas —y el partido en su conjunto— muestran reticencia a adoptar posturas económicas progresistas, en parte porque saben que esto les costaría el apoyo financiero de los grandes donantes, lo que, a su vez, dificultaría sus posibilidades de ganar elecciones. El caso más evidente de esto ocurrió en 2024, cuando Hoffman y otros donantes sugirieron que Kamala Harris, de resultar elegida presidenta, se comprometiera a destituir a Lina Khan, quien entonces presidía la Comisión Federal de Comercio (FTC). Khan utilizaba su cargo para combatir fusiones y otras prácticas de las grandes empresas y de los más adinerados. El hecho de que los multimillonarios liberales puedan vetar, en la práctica, tanto políticas progresistas como nombramientos, constituye un problema tanto para la democracia como para el proceso electoral (dado que los votantes respaldan políticas económicas de corte populista).
Su capacidad de veto es, sorprendentemente, muy amplia. En California, activistas laborales lograron incluir en la boleta electoral una propuesta para aplicar un impuesto único del 5 % sobre la riqueza de los multimillonarios. (En mi opinión, es una propuesta sólida, aunque mi colega Timothy Noah y otros se muestran más escépticos respecto a los impuestos sobre el patrimonio). Independientemente de lo que uno piense sobre la propuesta en sí, el debate en torno a ella pone de manifiesto el problema democrático que generan los multimillonarios. Gracias a las enormes donaciones de los superricos, quienes se oponen al impuesto sobre el patrimonio han recaudado más de 330 millones de dólares para convencer a los californianos de rechazar la Proposición 40. Por su parte, los partidarios del impuesto han reunido 33 millones. No se trata de un debate equitativo sobre los méritos de un impuesto al patrimonio; es, más bien, el caso de los ricos silenciando el mensaje de sus oponentes.
Las iniciativas progresistas sometidas a votación popular en todo el país casi siempre deben sortear la oposición de los superricos. Esto resulta preocupante, ya que, a menudo, dichas iniciativas representan la única vía para implementar políticas económicas de corte populista, tanto en estados de tendencia republicana como en los de tendencia demócrata. Con frecuencia, los legisladores y gobernadores estatales se niegan a impulsar políticas que no son del agrado de sus donantes. Pero, como demuestra el caso de California, los superricos también pueden bloquear las iniciativas ciudadanas.
La buena noticia es que los cientos de millones de dólares aportados por Elon Musk y otros multimillonarios conservadores probablemente no bastarán para evitar una reacción contraria a Trump. La mala noticia es que los multimillonarios y las grandes corporaciones siguen manteniendo una gran influencia —y, a menudo, un poder de veto— en ambos partidos. Estados Unidos puede tener una oligarquía o una democracia, pero no ambas. Cuando los demócratas vuelvan a ostentar el poder a nivel nacional, deberán limitar la influencia política de los multimillonarios, incluidos aquellos autodenominados «liberales» que contribuyeron a su llegada al poder.





